«De la insuficiente justificación de los gastos por parte de los acusados no se puede deducir sin más una actuación delictiva, ya que cumplían con lo que se les exigía por los responsables últimos de los cursos de formación», manifiesta la Audiencia en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe.
Se trata de cinco profesores del departamento de Derecho Civil, encargados de diversos cursos de formación permanente. Para su organización disponían del 60,9 % de los ingresos de matrícula y, para cobrar, constituyeron varias sociedades limitadas ayudados por familiares, con el objetivo de tener ventajas fiscales.
La Fiscalía les acusaba de falsificación de documentos mercantiles, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, pero la Audiencia descarta todos los cargos porque no se ha acreditado que el dinero se destinara «a otra cosa que no fuera la retribución de los profesores de los cursos y la retribución de su organización, difusión y acopio de materiales».
En la sentencia se destaca que los cursos se dieron, «luego no se simularon facturas que no respondieran a la existencia de una obligación real de pago», aunque las facturas presentadas no especificaban servicios concretos y se hacían en ocasiones a través de sociedades creadas por los propios profesores para pagar menos impuestos.
La inspección de Hacienda lo corrigió y los profesores regularizaron los pagos, pero, insiste el tribunal, «no puede decirse que las facturas no respondieran a la prestación de un servicio». Solo se detectaron unas tarjetas de regalo que no tenían cabida como gastos de promoción y cuyo importe fue reintegrado.
Explica la Audiencia que para que pueda apreciarse prevaricación administrativa no basta la mera ilegalidad: «No hay delito cuando nos encontramos ante una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del derecho».
En este caso, añade, los profesores se ciñeron a las instrucciones recibidas y no se les puede acusar de haber «sustraído» caudales a su cargo. EFE