El asesinato de dos jóvenes prostituidas fue el detonante que llevó al Ayuntamiento de Albal, de forma pionera a nivel nacional, a fijar en 800 euros las sanciones para los «puteros» y eximir de multas a las mujeres que ejercen la prostitución, una cruzada en la que el municipio valenciano se siente como «una gota de agua en el océano» y se ve «un poco el Quijote».
Así lo asegura en una entrevista con la Agencia EFE Ramón Marí, alcalde socialista de esta localidad de algo más de 16.000 habitantes al sur de la capital valenciana donde, desde septiembre del pasado año, se imponen las penas económicas más altas a los hombres por contratar servicios de prostitución en el municipio.
Hasta el momento son doce los «puteros» que han sido multados, solo uno residente en Albal y el resto de municipios como Chiva, l’Alcúdia, Torrent, Carcaixent, El Puig o València, y prácticamente todos han abonado de forma rápida las sanciones porque «no quieren que la multa llegue a sus casas», explica Marí.
La medida impulsada por el consistorio ha recibido críticas por parte de algunos vecinos que, a través de internet, afirman que Albal está siendo la «burla» de otros municipios, pero también halagos desde entidades contrarias a la violencia machista y a la trata de mujeres como el Colectivo por la Sororidad de Albal o el Front Abolicionista.
IVANNA Y FLORINA
En 2004 fue hallado el cadáver de Ivanna, que ejercía la prostitución en la salida de València conocida como «pista» de Silla, y su muerte de un disparo a manos de una mafia llevó a los ayuntamientos de alrededor a crear una ordenanza que multaba tanto a la mujer prostituida como al usuario de ese servicio, pero que no fue efectiva.
Pero el asesinato en 2021 de Florina, que también ejercía en el mismo punto que Ivanna, precipitó la actuación del Ayuntamiento de Albal, que decidió modificar la ordenanza, incrementar el importe de las sanciones para los «puteros» y liberar a las mujeres prostituidas de la denuncia y de ser identificadas.
«Pensamos que la mujer prostituida es una víctima», asegura Marí, cuyo objetivo ahora es que su modelo de ordenanza contra la prostitución sea adaptado por el resto de municipios, tanto de la Mancomunidad de l’Horta Sud como de la provincia de Valencia y, de hecho, el de Quart de Poblet (L’Horta Oest) ya lo ha aprobado y prevé multas de hasta 3.000 euros.
En la pista de Silla, uno de los puntos negros de prostitución que hay en la provincia de Valencia, hay en torno a doce mujeres prostituyéndose entre los municipios de Silla y Sedaví, señala Marí, que indica que los «puteros» multados «reaccionan muy mal» e incluso uno llegó a decir que le habían «arruinado la vida porque su mujer estaba embarazada».
OPINIONES A FAVOR Y EN CONTRA
El alcalde asegura que por parte de los vecinos del municipio no le llegan «halagos», pero tampoco le «importa», y afirma que continuará aplicando la ordenanza: «Y si por eso pierdo votos, los pierdo, pero creo que tengo que actuar en conciencia y es lo que estamos haciendo».
Ramón Marí afirma que la ordenanza de Albal contrasta con la aprobada en el Ayuntamiento de Alicante, donde «las derechas están multando a las mujeres prostituidas» cuando son, a su juicio, «víctimas de la trata y de las amenazas».
Por su parte, el Colectivo por la Sororidad de Albal aprueba la ordenanza y su presidenta, Teresa Moyano, la considera «fantástica» porque «pone el foco sobre el ‘putero’ y no sobre la mujer explotada», aunque considera que debería extenderse hasta llegar a hacer una «ley contra los ‘puteros'».
«En la medida en que se vaya educando que pagar por prostituir es pagar por violar iremos creando sedimento», afirma a EFE Moyano, que añade que aunque el importe de la multa es importante, lo es más «el hecho de que el hombre se sienta multado y que le hagan ver que lo que está haciendo no es lo correcto».
Moyano reclama otras medidas para las mujeres prostituidas, como que puedan disponer de un domicilio estable que les permita tener acceso a la sanidad y los servicios sociales.
También se muestra partidaria de esta medida Carol L. que fue víctima de la captación para la prostitución y es activista del Front Abolicionista y miembro del Foro Valenciano para la abolición de la prostitución, quien asegura a EFE que es «un ejemplo y un modelo a seguir» en contrapunto con la ordenanza de Alicante.
AYUDAS Y RECURSOS DISPONIBLES
A juicio de Carol L., hasta que no esté aprobada la Ley Abolicionista de la prostitución se va a ir «parcheando» y no se podrá dar soluciones sólidas a las mujeres «supervivientes de la prostitución».
Aunque Albal estudió la posibilidad de alquilar un piso para que aquellas mujeres prostituidas que querían dejar esa vida se pudieran empadronar, tener una tarjeta sanitaria y acceder a las ayudas del Estado, decidió no hacerlo aconsejado por Cáritas Diocesana, que, junto a otras entidades, ofrece una atención a las mujeres que se prostituyen, la mayoría proveniente de países del Este.
Cáritas Diocesana desarrolla el programa Jere-Jere para dar una atención integral a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia a, que están en el contexto de la prostitución y/o son víctimas de trata con fines de explotación sexual, a las que intentan aproximar los recursos sociales (sanitarios, jurídicos, educativos, laborales o de vivienda) a través de itinerarios de acompañamiento individualizados, según explican desde la entidad.
NECESARIA UNA ACTUACIÓN CONJUNTA
Marí destaca que el PSOE ha apostado por impulsar una ley de abolición de la prostitución, algo necesario porque los ayuntamientos solo pueden actuar en la vía pública y no dentro de las viviendas donde se practica. «Será difícil terminar con la prostitución pero se puede reducir en gran medida si se actúa tanto en la calle como cerrando los pisos privados», afirma.
«Pedimos tanto a la Generalitat como al Estado que modifiquen las leyes para llegar a la abolición de la prostitución. La reglamentación solo puede ser un apaño para continuar, pero nosotros queremos que se termine», asevera.
Además, es necesario que sea una «actuación conjunta» para que las prostitutas no se desplacen desde municipios que sancionan hacia otros que no lo hacen. «Si no lo vamos ampliando, solamente Albal, hacemos un poco el Quijote», destaca.
«Vamos a ver si es posible en todos los municipios de la Mancomunidad y la provincia para que Albal no sea una gota de agua en el océano, que es lo que actualmente está siendo. Pienso que hay una sensibilidad en los alcaldes para ponerla en marcha», afirma.
El alcalde asegura que no ha impulsado esta medida «ni por categoría política ni para buscar votos» sino porque son personas que para él «tienen todos los respetos» y, preguntado por si se considera un adalid en la lucha contra la prostitución, afirma: «No lo sé, es un tema que no me importa; lo hago porque creo que debe ser así».