Entre el 25 % y el 60 % de las personas que menstrúan sufren dolor durante el periodo, es decir, dismenorrea, un tema todavía hoy tabú e invisibilizado en muchos ámbitos de la sociedad.
Por eso, algunos países ya regulan los permisos menstruales, a fin de garantizar un permiso que dé cobertura a la necesidad de cuidado de las mujeres y personas menstruantes, entre ellos Japón, Corea del Sur o Taiwán, donde sus trabajadoras hace años que pueden disfrutar de este permiso en distintos formatos.
En España, tan solo en algunos ayuntamientos, entre ellos Girona y Sabadell (Barcelona), han puesto en marcha permisos -no retribuidos- que permiten ausentarse durante ocho horas al mes a compensar más adelante.
El consistorio gerundense ha explicado a Efe que desde que se puso en marcha la medida, en junio de 2021, la han solicitado tres veces.
Desde el Ministerio de Igualdad, se apunta a favorecer en el futuro ese tipo de permisos cuando existan síntomas que estén dentro del encuadre sanitario que se utiliza para las incapacidades temporales.
La intención de la ministra Irene Montero, expresada en varias ocasiones en el debate sobre la nueva legislación de derechos sexuales y reproductivos, es que se incluyan en ese marco las bajas laborales para mujeres que sufren reglas dolorosas que las incapacitan para trabajar con normalidad por quistes, miomas o endiometriosis.
Sin embargo, sin voluntad de «esperar más» y dispuesta a actuar cuanto antes en el ámbito de sus competencias está la consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, desde donde han avanzado a Efe que trabajan para encontrar fórmulas en el marco de sus competencias para impulsar permisos y flexibilización de horarios para las personas menstruantes en Cataluña tanto en la administración pública como en las empresas privadas.
«Estamos trabajando y estudiando diversas medidas para la flexibilización de los ritmos y tiempos de trabajo, adaptándonos a las necesidades de las mujeres y personas menstruantes. Las medidas deben garantizar el derecho al trabajo de las mujeres y personas menstruantes en condiciones de bienestar y equidad, y tendrán que ser consensuadas con los agentes sociales», han apuntado.
Desde la consejería catalana trabajan para que estos permisos retribuidos y la flexibilización horaria llegue a todos los municipios y empresas, a fin de garantizar los derechos de las mujeres y personas menstruantes e incorporar a la agenda pública por fin derecho a la equidad menstrual también en el ámbito laboral, explican.
Ante la posibilidad de ese tipo de permisos, la Sociedad Española de Ginecología dice avalar la medida por «razonable», pero pide al legislador que la ley «incluya mecanismos de control para evitar que se penalice a las mujeres».
Sobre los efectos de la medida también se ha pronunciado en conversación con Efe Carolina Gala, catedrática de Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), quien se muestra escéptica sobre que los permisos vayan a convertirse en el próximo hito laboral feminista.
Gala solo cree «probable» que se extiendan en determinados ámbitos de la función pública, pero ve «muy difícil» que den el salto al sector privado donde apunta que podría ser incluso «contraproducente» para la contratación por la «mentalidad» que sigue imperando en muchas empresas sobre las mujeres y el efecto boomerang que provoca para ellas la simple posibilidad de tener derecho a bajas.
Similar es la opinión de Mentxu Gutiérrez (CC. OO.), quien apunta que «al margen de lo que se puede negociar en ámbitos públicos» no cree que sea algo «fácilmente trasladable a la negociación colectiva privada, máxime con la brecha existente aún».
Pese a todo, la experta en políticas de género Alba García ha destacado la importancia que ya tiene el solo hecho de iniciar el debate público sobre estos permisos porque «el tema de la menstruación no está digerido, sino que es más bien tabú» y los nuevos derechos necesitan años de trabajo antes de hacerse realidad.
En ese sentido, ha recordado que, aunque existía una ley de Igualdad ya en 2007, muchas empresas aún en 2022 no eran conscientes de la obligatoriedad de contar con protocolos de acoso sexual. EFE