Estas medidas, adoptadas de modo «unilateral» sin tener en cuenta la representación estudiantil, pueden limitar el derecho al estudio, la calidad de la docencia y la vida universitaria, explica la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP).
A su juicio, las medidas afectarán a las personas que reciben docencia, limitando sus opciones para compatibilizar la vida académica y personal o aumentando el número de estudiantes por cada clase; así como a todos los usuarios de los servicios universitarios, tales como las bibliotecas o el préstamo de material y acceso a recursos tecnológicos.
De igual manera, la reducción de horarios limitará una vida universitaria ya deteriorada por los efectos de la pandemia, de forma que las asociaciones, los órganos de representación estudiantil y los demás miembros de la comunidad «ya no podrán realizar actividades en horarios que antes sí estaban disponibles».
Ante esta situación, CREUP ha reivindicado al Ministerio de Universidades una dotación específica de ayudas económicas destinadas a las Universidades para afrontar el encarecimiento de la energía, así como la reapertura inmediata de las instalaciones y la adecuación a los horarios anteriores.
En la misma línea, desde la Coordinadora se ha remitido una carta a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para demandar la reapertura de edificios e iniciar un diálogo que permita alcanzar una solución consensuada al conflicto.
Según el presidente de CREUP, Nicolás Hernández, «las Universidades deben contar con la representación estudiantil para alcanzar acuerdos que permitan abordar esta crisis de la mejor manera posible, sin que ello deteriore los derechos de la comunidad universitaria”. EFE
