Las comunidades autónomas ya conocen el borrador del decreto ley que desarrolla la Ley de Bienestar Animal, aprobada en marzo de 2023. Este nuevo texto despeja muchas dudas acerca de su desarrollo y presenta varias novedades, incluyendo la implementación de un curso obligatorio de formación de cuatro horas para los nuevos dueños de perros.
Inicialmente, la intención era aprobar un nuevo reglamento para desarrollar la Ley de Bienestar Animal, pero el Gobierno ha optado por un Real Decreto para acompañar a la norma. El Ministerio de Derechos Sociales envió recientemente el documento al que se podrán proponer modificaciones hasta el 31 de agosto desde las autonomías y el sector.
Una de las principales novedades es el cambio respecto al curso obligatorio. Mientras que la Ley inicial exigía que todos los dueños de perros pasarán esta formación, el nuevo borrador limita este requisito a los nuevos propietarios. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto, los nuevos dueños de perros deberán realizar un curso obligatorio, preferentemente online, de cuatro horas, gratuito y con validez indefinida. Tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto para obtener el certificado.
Además, otra medida destacada es la obligatoriedad de que los perros de compañía estén cubiertos por un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con una cobertura mínima de 100.000 euros, durante toda la vida del animal. Los seguros de hogar que incluyan esta cobertura serán válidos, y el plazo para contratarlo será el mismo que el del curso.
El borrador también propone un procedimiento específico para el rescate o auxilio de animales desatendidos o en situaciones de riesgo. Las autoridades locales podrán rescatar animales desatendidos en fincas o confinados en recintos abiertos, así como animales encontrados solos en vehículos en condiciones peligrosas. En estos casos, los servicios de emergencia podrán trasladar a los animales a centros de acogida si no se localiza al titular del vehículo.
Además, se creará el Sistema Central de Registros para la Protección Animal, destinado a coordinar la información a nivel nacional y elaborar estadísticas sobre protección animal. Se introducirán registros centralizados para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, gestionados por las comunidades autónomas.
La normativa también regula la cría de animales, permitiendo únicamente a aquellos registrados como «reproductores» tener camadas. Se establecerá un protocolo para casos de reproducción accidental, con el objetivo de luchar contra el abandono, maltrato y conseguir el sacrificio cero.
Por primera vez, se regulará la actividad de los profesionales del comportamiento animal para combatir el intrusismo profesional y controlar la cría de perros, gatos y hurones. En cuanto a los perros potencialmente peligrosos, el borrador indica que estos animales podrán dejar de ser clasificados como tales si superan una prueba de aptitud a los 12 meses de edad. Los perros que no superen esta prueba no podrán reproducirse. El listado de perros considerados PPP incluye varias razas, pero puede ser ampliado por las comunidades autónomas.
Finalmente, el borrador también implica a los municipios y comunidades en medidas de protección de las colonias felinas. Cualquier reubicación deberá ser aprobada por un veterinario para minimizar el impacto negativo en la biodiversidad local.
El texto será expuesto públicamente a partir de septiembre, una vez finalizado el plazo para la presentación de modificaciones el 31 de agosto.