El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha dictaminado que Juan Carlos I, el rey emérito de España, no puede ser juzgado en el Reino Unido por la demanda presentada por Corinna Larsen, quien reclamaba 126 millones de libras (alrededor de 146 millones de euros) por presunto acoso.
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La juez Collins Rice ha expresado que la jurisdicción del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales no es aplicable en este caso, ya que la demanda no se presentó en el país de residencia del demandado, como sería su derecho por defecto. La jueza también indicó que no se ha demostrado de manera convincente que el demandado se haya sometido a la jurisdicción del tribunal por su conducta en este litigio.
La resolución sigue a las alegaciones presentadas por la defensa de Juan Carlos I en julio, cuando solicitaron que se desestimara la demanda de Larsen, argumentando que los tribunales del Reino Unido no eran competentes.
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La defensa se basó en la regulación de la UE sobre jurisdicción, señalando que los tribunales españoles deberían encargarse del caso.
Los abogados de Juan Carlos I cuestionaron la credibilidad de Larsen, destacando la falta de coherencia en su relato y subrayando que sus afirmaciones eran inconsistentes con declaraciones previas de afecto hacia el antiguo monarca.
La demanda de Larsen alega acoso por parte de Juan Carlos I, pero la reciente sentencia establece que este caso no puede ser llevado ante los tribunales británicos, dejando la jurisdicción en manos de los tribunales españoles.