España ha establecido una nueva regulación para los influencers a través de un real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, siguiendo las directrices de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022.
Esta normativa, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, establece criterios claros que los creadores de contenido deben cumplir, incluyendo la obligación de identificar explícitamente las publicaciones patrocinadas y etiquetar sus contenidos según la edad de la audiencia prevista.
Este paso reglamentario responde a la necesidad de abordar el vacío legal que existía en torno a las actividades de los influencers, equilibrando el terreno de juego con otros medios de comunicación como las emisoras de televisión. «Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes y, por lo tanto, se hace necesario homologarles, en algunos aspectos, con otros actores en este ámbito audiovisual», explicó el ministro José Luis Escrivá durante la rueda de prensa después del Consejo de Ministros.
Volumen de ingresos de los influencers
Para ser considerados bajo esta nueva regulación, los influencers deben cumplir con ciertos umbrales financieros y de seguimiento: deben generar más de 300.000 euros anuales de sus actividades online y contar con más de un millón de seguidores en una sola plataforma de videos o más de dos millones en total, además de haber compartido al menos 24 vídeos en el último año.
Los influencers que cumplan estos requisitos tendrán un plazo de dos meses para inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales. Además, deberán adherirse a regulaciones estrictas sobre protección de menores y restricciones de publicidad en productos sensibles como tabaco, alcohol y medicamentos. Estas medidas también preparan el terreno para la próxima ley de protección integral de menores que está desarrollando el Gobierno.
Con esta medida, España se suma a Francia como uno de los primeros países de la Unión Europea en implementar una legislación específica para regular la actividad de los influencers, promoviendo así la transparencia y la responsabilidad en el creciente sector de los contenidos digitales.