Para ello, habrían falseado documentos al tramitar altas irregulares en la Tesorería General de la Seguridad Social, procedimiento mediante el cual obtenían el derecho de residencia como parejas de hecho registradas y acreditaban falsamente la disposición de medios económicos, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación se inició en enero del 2019, cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada detectaron que una española de origen colombiano pretendía presuntamente dar derecho de residencia legal a un extranjero de origen colombiano habiéndose dado de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) cuando en realidad su actividad era el ejercicio de la prostitución en otros países de la Unión Europea.
La Policía comprobó que esta mujer residía y trabajaba en Holanda.
También averiguó que la persona extranjera que pretendía regularizarse había alquilado una vivienda para dar apariencia de convivencia conjunta, cuando en realidad la mujer no estaba en España.
Además, para arrendar la vivienda presuntamente habrían participado, en calidad de avalistas, dos personas extranjeras familiares de él, que residían juntos, cuando los supuestos avalistas tenían residencia por ser parejas registradas de españoles, que nada tenían que ver con la vivienda objeto de arrendamiento.
Los agentes concluyeron que éstos no sólo habrían simulado las relaciones afectivas que habían sido inscritas en el Registro de Parejas de Hecho, lo que les había otorgado derecho de residencia, sino que en uno de los casos al ciudadano español, «falso marido», como pago por haberse registrado como pareja de hecho le habrían regalado un ciclomotor.
Tres de las presuntas parejas de hecho eran representadas por el mismo despacho de abogados, según la Policía, que ha constatado que el responsable de una gestoría habría tramitado el supuesta alta en Seguridad Social como autónomo de uno de los detenidos.
Para ello realizó declaraciones fiscales simuladas, por lo que también está siendo investigado.
La operación policial ha permitido la extinción de las autorizaciones de residencia que se habían otorgado en fraude de ley y denegado la que estaba en trámite.
También se ha informado a la Agencia Estatal Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social para que inicien los trámites por la constitución y declaraciones de las actividades fraudulentas.
Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.
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