Según han informado fuentes del partido, el PSOE ha interpuesto la querella ante el Tribunal Supremo, a quien le solicita que «se le notifique -a Olona- su imputación, por si voluntariamente desea prestar declaración, o directamente solicite el suplicatorio al Congreso».
«Tiempos difíciles para la libertad», ha respondido Olona a través de la red social Twitter al conocer que los socialistas se han querellado contra ella por sus declaraciones del pasado día 13 durante una entrevista en TVE.
La pasada semana los socialistas ya denunciaron ante la Fiscalía General del Estado varios tuits de Vox publicados entre el 18 de enero y el 7 abril por entender que incurrían en una «manifiesta y reiterada incitación al odio» y «lesionan tanto el honor de la organización como del Gobierno».
Tras la presentación de esta querella, fuentes socialistas explican que «la pandemia por coronavirus no es para VOX más que la perfecta oportunidad para deslegitimar al Gobierno actual y sustituirlo por otro».
Denuncian en el PSOE que Vox ha iniciado una «campaña de deslegitimación, descrédito y desconfianza a través de las redes sociales mediante la difusión de falsas noticias o la manipulación de medias verdades elevadas a la categoría de verdades incuestionables».
Para ellos, «el mejor ejemplo» y el «resumen perfecto de la estrategia» de Vox es la intervención de Olona en TVE.
En esa entrevista, Olona afirmó que la «mayor tragedia» de la crisis del coronavirus son los fallecimientos en las residencias de mayores y acusó al Ejecutivo de estar aplicando la eutanasia «por la vía de los hechos».
«Este gobierno socialcomunista quiso introducir en España la regulación de la eutanasia y, por desgracia y por la vía de los hechos, lo ha aplicado de la manera más feroz», dijo Olona en TVE, medio al que acusó de llevar a cabo «una clara violación de la neutralidad política».
Según los socialistas, con esas declaraciones Olona pretendía relacionar la situación derivada de la COVID-19 con la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia registrada por el Grupo Parlamentario Socialista el 24 de enero de 2020 y de ese modo provocar confusión.
El PSOE entiende que Olona, con sus declaraciones, «estaba imputando al Gobierno, cuanto menos, el delito de homicidio de ocho mil ancianos sobre la acusación absolutamente falsa de negarles los medios para su curación, abandonarles, desahuciarlos e impedirles ingresar en las UCIs, cuando desde el Ministerio de Sanidad el 2 de abril se ordenaba lo contrario y siendo la competencia de la gestión de las residencias autonómica».
Los socialistas abundan en que «no debe ser tolerable sino castigado» el señalamiento como responsable penal de la muerte al Gobierno, cuando -defienden- está haciendo «lo imposible» por salvar a los ancianos.
Una actitud que los socialistas creen que desborda «lo que debiera ser el debate parlamentario y nuestro funcionamiento democrático».
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