Terry Karl, de la Universidad de Stanford (EEUU), elaboró dos informes para el juez Eloy Velasco que implicaban al exviceministro de Defensa como miembro clave en la masacre del 16 de noviembre de 1989 y que hoy ha detallado en el juicio en la Audiencia Nacional.
Las más de cinco horas y media de declaración -la más larga hasta la fecha- evidencian la importancia que el relato de esta experta tiene en el juicio para arrojar luz sobre el rol de Montano -que se enfrenta a 150 años de prisión-, a quien ha situado en el nivel más alto de responsabilidad antes, durante y después de la masacre.
Así, las alusiones a Montano han sido contantes, pese a los reiterados intentos de su abogado por desacreditar los informes de la perito cuestionando sus fuentes y su forma de investigar.
Tras escuchar a otros peritos y testigos mencionar los nombres de los militares que ordenaron los asesinatos, Karl ha reducido ese grupo a solo tres. El jefe del Estado Mayor, René Ponce, y los viceministros de Defensa Zepeda y Seguridad Pública Montano, «ejercieron el liderazgo en el crimen y el encubrimiento».
MONTANO «PREPARÓ EL TERRENO» PARA EJECUTAR A ELLACURÍA
Para la experta, fue «un asesinato premeditado y planificado». La clave estaba en los ataques contra los jesuitas en prensa y radio. El propio «Montano dijo que eran líderes del FMLN» y se llegó al punto de publicar una carta en un diario pidiendo la captura y ejecución de varias personas como cabecillas de la guerrilla. «El primer nombre era Ellacuría y el segundo Montes».
«Estaban llamando a matarlos», ha dicho la experta, que ha añadido que la campaña fue tal en los días previos a la masacre que EEUU pidió a su embajada que «esos ataques en la radio Cuscatlán tenían que parar porque eran demasiado peligrosos».
Para Karl, se trató de «una operación psicológica», ya que «no era fácil mandar a un militar a asesinar a un sacerdote», por eso la idea que introdujeron en los medios fue «hay que matar a esa gente porque son líderes del FMLN».
Otro ejemplo de la planificación fue el cateo del 13 de noviembre ante la alerta de que había más de 200 guerrilleros ocultos en la Universidad. Pero Ponce solo envió a 40 soldados para un registro de una hora en un campus gigantesco y solo revisaron las residencias de los jesuitas, como ordenó el oficial de Inteligencia -también implicada y controlada por Montano- que les acompaño.
«Querían ver si Ellacuría había regresado de España. Fue una preparación», ha señalado la experta.
Verificado, Montano preparó un perímetro el día previo a la tragedia con sus fuerzas para que nadie pudiera entrar. Ello acredita, en su opinión, que todo fue diseñado ante de la reunión clave del día 15, en la que se dio la orden de ejecutar a Ellacuría y en la que ha situado a Montano, quien era un «líder» dentro de la Tandona, el grupo de militares que dirigían de facto el país y guardaban un «código de silencio» para no delatarse jamás.
Montano era «una persona muy ideológica» con «más de mil violaciones a los derechos humanos cometidos por tropas bajo su mando en la guerra civil». «Gozaba de una impunidad total».
Y LLEGÓ LA ORDEN DE EJECUTAR A LOS «CABECILLAS DEL FMLN»
Ocurrió el día 15. En una primera reunión con muchos militares, el alto mando afirmó, sin nombrar a los jesuitas, que había que matar a lo cabecillas del FMLN. Y eso, tras la campaña previa contra los jesuitas, significaba «luz verde para matar a los sacerdotes».
Luego, un pequeño grupo llamó al excoronel Guillermo Benavides y le dio una orden formal, no escrita: «Vamos a matar a los cabecillas del FMLN y en tu sección, como director de la Escuela Militar, te corresponde asesinar a Ellacuría y no dejar testigos».
Tras ello, llegó el encubrimiento. Ponce, Zepeda y Montano dieron esta orden a todos los soldados sabiendo que era «ilegal», porque el código militar recoge que los mandos tienen responsabilidades respecto de las acciones de sus subordinados.
¿PORQUÉ EJECUTARON A LOS JESUITAS?
Según Karl, para que La Tandona mantuviera su poder. Ellacuría tenía el visto bueno del FMLN para impulsar una negociación pero, sobre todo, de los oficiales jóvenes de la Fuerzas Armadas cuya «demanda número uno era acabar con las posiciones de poder de La Tandona», porque estaban hartos de su «corrupción y concentración de poder, además de que veían que el manejo de la guerra no era bueno».
Pero eso «era un suicidio para La Tandona» y por eso este grupo ordenó ejecutarle. «Ellacuría era el blanco principal, aunque también había un odio muy fuerte hacia Martin Baró y Montes», ha explicado, «el resto fueron víctimas para no dejar testigos».
A su juicio, la matanza «hizo tanto daño» al prestigio de las fuerzas armadas que mucha gente que apoyaba a La Tandona les abandonó. Eso echa por tierra la teoría de que Benavides actuó solo, porque alguien como él «no podía matar a una persona de tanto prestigio, amado y con peso en el país sin consenso del alto mando».
Benavides, condenado a 30 años en El Salvador, amnistiado en 1992, y capturado en 2006 para cumplir su pena de prisión, «no tenía el poder para ordenar esto». De hecho, «hubo amenazas contra su familia». Y él cumplió, ya que en el juicio guardó silencio.
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