En un auto dictado el 3 de julio y facilitado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez de Instrucción número 16 de Sevilla abre juicio oral contra Pérez-Sauquillo y el ex-administrador de Badennova en esta pieza separada del caso Invercaria por un presunto delito de prevaricación en concurso ideal con un delito de malversación.
Pérez-Sauquillo ya fue condenado el pasado 17 de febrero por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a tres años y seis meses de cárcel por malversación y prevaricación en la concesión de otro préstamo de 100.000 euros a Aceitunas Tatis en 2009 y, aparte de Badennova, tiene pendientes otros doce juicios por otras tantas piezas separadas.
Anticorrupción reclama para el expresidente de Invercaria seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta por malversación y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, mientras que para el ex-administrador de la empresa pide dos años y medio de cárcel y cinco de inhabilitación absoluta por malversación y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.
La Fiscalía también pide que los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la agencia pública andaluza IDEA con 109.998 euros y considera a Badennova responsable civil subsidiario.
El magistrado procesó el pasado 22 de mayo a ambos investigados y decretó el archivo parcial de las actuaciones contra otras dos personas al no considerar probado que colaborasen o participasen «en la perpetración de delito alguno».
El juez explicó entonces que Badennova se constituyó el 8 de mayo de 2009 en Málaga con un capital social inicial de 1.141.168 euros y parte de su objeto social era la explotación de la fabricación y comercialización de productos relacionados con la movilidad de personas y vehículos.
El 18 de diciembre de 2009, Invercaria le concedió un préstamo participativo de 103.000 euros pero en el expediente «no aparece ningún documento o acto alguno de aprobación del proyecto», por lo que «no existió propuesta de inversión» que justificara la aprobación de un préstamo «en condiciones más favorables a las habituales de mercado», según el instructor.
En ese momento, recalca el juez, «no existía un prototipo de dispositivo de regulación de velocidad de los que vehículos, que era el objeto y el contenido esencial de la financiación pretendida».
Según el magistrado, Pérez-Sauquillo otorgó el crédito «por su propia autoridad» a pesar de que «era sabedor de carencias en el proyecto» y de que este no fue supervisado por los técnicos de Promoción y de Análisis, con lo que no respetó el plan director de Invercaria.
Badennova no devolvió el dinero a Invercaria e intentó «renegociar y novar su préstamo», a lo que se suma que «su facturación fue muy insuficiente», de «sólo 30.000 euros», y que el producto final «era deficiente», ya que los badenes reguladores de la velocidad, objeto de la financiación, «se fracturaban y no desempeñaban su finalidad».
Según el auto de procesamiento, las arcas públicas andaluzas sufrieron un perjuicio de 109.998 euros.
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