Ambos casos están bajo investigación judicial, en el primer caso para determinar si hubo pagos irregulares a altos cargos de la Junta para favorecer la implantación de parques eólicos en la Comunidad y, en el segundo, si hubo un quebranto para las arcas públicas en la compra de un inmueble que inicialmente iba a ser alquilado con derecho a compra en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda.
Durante cerca de dos horas y media de comparecencia vespertina, Mañueco ha defendido su «total honestidad y honorabilidad» y ha manifestado la voluntad de que su Gobierno ejerza su labor con «principios éticos irreprochables».
En este punto, el presidente ha avanzado su intención de crear un sistema de control jurídico preventivo en las entidades públicas vinculadas a las diferentes consejerías del Ejecutivo para «evitar en el futuro casos como este», lo que se traducirá en la inclusión de este procedimiento en el Reglamento de Servicios Jurídicos que la Consejería de la Presidencia presentará en el primer semestre del próximo año.
En su primera intervención, anterior a las preguntas de los grupos parlamentarios, Mañueco ha asegurado que «lo único» que ha cambiado respecto a la anterior legislatura, cuando arrancó esta comisión de investigación y no fue llamado a declarar por ningún partido, es que ahora es presidente de la Junta, sin que eso modifique su conocimiento de los hechos que son objeto de análisis parlamentario.
Ha pedido «todo el peso de la ley» sobre «aquellas personas» que puedan resultar culpables en estas investigaciones judiciales, pero ha demandado que se eviten «juicios paralelos».
Mañueco ha remarcado que nunca ha desempeñado cargos adscritos a la Consejería de Economía ni ha formado parte de los consejos de administración de las empresas públicas que se han visto involucrados en estas supuestas irregularidades que investiga la Justicia.
Ya en su turno de respuestas a las cuestiones planteadas por el PSOE, Mañueco ha sostenido que, cuando era consejero de Interior y Justicia, ningún delegado territorial ni jefe de servicio le informó sobre el hecho de que la Consejería de Economía y Empleo asumió las competencias sobre la tramitación de las autorizaciones de parques eólicos, a través de las denominadas avocaciones, una de las claves de la investigación judicial de este caso.
Mañueco ha insistido en más de diez ocasiones en que «poco o nada» puede aportar a los trabajos de los grupos parlamentarios y ha enmarcado su comparecencia en una «estrategia política del PSOE» para «sembrar sospechas».
«Dejen de manchar la imagen de Castilla y León», ha expresado Mañueco en contestación a las preguntas formuladas por el portavoz socialista en esta comisión de investigación, José Francisco Martín, quien ha acusado al presidente de eludir las preguntas, centrarse en cuestiones personales y de cobrar como consejero sin ejercer, hasta el punto de tildar su etapa al frente de la Consejería de Interior y Justicia como «nini», ya que «ni Interior, ni Justicia y ni me entero, ni informo».
Con duros reproches entre ambos, el representante socialista y el presidente de la Junta han intercambiado acusaciones y alusiones sobre su papel en estas investigaciones parlamentarias, ya que Martín ha sostenido que Mañueco «estaba ahí siempre» y era conocedor de lo ocurrido, y el presidente ha replicado que quien estaba «ahí» era el procurador del PSOE cuando en la anterior legislatura no pidió su comparecencia.
El portavoz socialista ha explicado que las razones para pedir ahora su comparecencia y no en la anterior legislatura tienen que ver con la evolución judicial de estas causas, con que ahora ya conocen «los chanchullos» de Mañueco en las primarias de su partido y con que ahora es presidente autonómico y por tanto es «el que más información tiene» sobre estos temas.
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