Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los letrados están acusados, además de por falsedad documental, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, ya que presuntamente facilitaban los certificados falsos a cambio de una cantidad que oscilaba entre los 300 y los 650 euros.
La documentación que utilizaban para acreditar que los solicitantes cumplían una supuesta estancia continuada durante tres años en España procedía de envíos de dinero, de entidades bancarias o sanitarias y de la realización de cursos en una ONG y en una ficticia entidad religiosa.
Los hechos se detectaron gracias a la estrecha labor llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras en colaboración con la Delegación de Gobierno, encargada de tramitar los permisos, detalla la Policía.
La investigación se inició cuando la Delegación de Gobierno sospechó de la autenticidad de dos solicitudes de residencia a nombre de dos ciudadanas extranjeras.
Los solicitantes extranjeros para obtenerla tenían que acreditar tres años de estancia continuada en España junto con una oferta de trabajo, para lo que debían aportar documentos con los que corroborarlo.
Una vez que los agentes comprobaron que la documentación era falsa, detuvieron a estas dos mujeres, que manifestaron que habían contratado los servicios de dos abogados para realizar estas gestiones.
A partir de este momento comenzó una investigación en la que se comprobó que existían otros expedientes tramitados ilegalmente por los mismos letrados.
En algunos aparecía la presidenta de una ONG, que fue detenida como presunta autora de un delito de falsedad documental ya que su firma aparece en los certificados presentados.
Otros documentos acreditativos de cursos geriátricos y de cuidados de mayores eran emitidos por una entidad religiosa que posteriormente se comprobó que no existía.
AM