En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal de garantías no admite a tramite el recurso al señalar que no se han agotado debidamente los medios de impugnación en la vía judicial, esto es, que no se ha interpuesto un incidente de nulidad contra la decisión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Además, el tribunal «manifiesta la inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo» y destaca que no se ha expuesto en el recurso los argumentos que justifiquen la debida trascendencia constitucional para estudiar la cuestión.
La Fundación ha informado de la decisión en un comunicado en el que muestra su «malestar, dolor y decepción» por la inadmisión a trámite del recurso de amparo ante el tribunal de garantías que alegó que no había trascendencia constitucional.
Ahora, la Fundación se da un plazo de seis meses para estudiar si recurre el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Carlos García Juliá fue condenado por ser uno de los autores de la matanza de Atocha, cometida el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas por miembros de la extrema derecha.
Fue sentenciado a 193 años de prisión en 1980, pero tan sólo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta. En 1991 consiguió la condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Latinoamérica por una oferta de trabajo y, aunque el permiso fue revocado posteriormente, nunca regresó a España.
Tras décadas prófugo y un periodo encarcelado en Bolivia, fue arrestado en Sao Paulo en diciembre de 2018 y finalmente extraditado a España donde fue ingresado en la prisión de Soto del Real como autor de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio.
Pero la Audiencia de Ciudad Real atendió en mayo la petición de su abogado para una nueva liquidación de la condena que le reconoce redenciones durante el tiempo que estuvo prófugo en Sudamérica.
El hecho de que la defensa de García Juliá haya acudido a ese tribunal se debe a que es el último órgano judicial que dictó una sentencia penal contra García Juliá. Esta sentencia no tiene nada que ver con el asesinato de los abogados de Atocha.
Así las cosas, la Fundación explica que de los treinta años del máximo establecido en su condena, a Julia le restaban aún años por cumplir cuando se hizo la liquidación. EFE
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M.M.