Así lo ha sostenido a varios periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Elche antes del arranque del juicio con jurado popular en el que se le acusa de quedarse, en 2007, con esos 70.000 euros que una empresa pagó al ayuntamiento en efectivo por la compra de unos terrenos municipales en un plan parcial.
Además de Moya, para quien se pide 6 años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, se acusa al exinterventor municipal, Antonio Saseta Maure, para quien se demandan 3 años y 9 meses de cárcel por el mismo delito, en un caso en el que ejercen las acusaciones la fiscalía Anticorrupción y el ayuntamiento de Bigastro, como perjudicado.
«Lo lleva todo mi abogado. Yo de estas cosas no entiendo y confío en la Justicia. No hubo malversación. Ahora me dedico a otros menesteres: Soy agricultor ecológico», ha insistido a los periodistas antes de entrar en la sede judicial.
Por su parte, el abogado de la acusación particular que ejerce el ayuntamiento de Bigastro, Marcos Sánchez Adsuar, ha relatado que el exalcalde y el exinterventor firmaban mandamientos de ingresos donde, al final, había una diferencia de dinero entre lo que el empresario pagaba al consistorio y lo que realmente llegaba a las arcas municipales.
«Hay una diferencia que no se puede explicar» porque había una parte del dinero «que no se ingresaba, que se cobraba en efectivo (al empresario) pero que no se llegaba a ingresar».
El letrado ha incidido en que ese dinero era del ayuntamiento porque «las cartas de pago son municipales y las firmaba él (el exalcalde Moya) y el exinterventor» en unas actuaciones que, en su opinión, se producían «al margen de la legalidad» y en las que se usaba «dinero bajo el colchón, por decirlo de una manera suave».
Ha apuntado que hay dos o tres casos más parecidos que próximamente se juzgarán también con el exalcalde y el exinterventor como acusados, por supuestos parecidos de enajenaciones de terrenos de planes parciales donde se investiga la apropiación de dinero público.
Moya fue alcalde socialista del pequeño municipio de Bigastro, al sur de la provincia, entre 1983 y 2008, año en que se vio obligado a dimitir por un caso de corrupción urbanística, por el que llegó a entrar en prisión.
En el escrito de acusación de la vista oral con jurado popular que arranca hoy en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial de Alicante, el fiscal Anticorrupción relata que los acusados se quedaron con parte del dinero que una empresa pagó al consistorio durante la tramitación de la subasta de un solar del municipio de 30.000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento ofertó la parcela en febrero de 2007 y la adjudicó en marzo de ese mismo año por 2.250.000 euros a una empresa que abonó el importe en varios pagos, algunos de los cuales en efectivo que no llegaron a las arcas municipales.
En concreto, los dos acusados habrían dejado de ingresar 26.000 euros que la empresa les dio en enero de 2007 para poder participar en la subasta y otros 44.440 euros que la ya adjudicataria le dio en marzo del mismo año. EFE
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M.M.