Con un ojo cubierto por un parche tras sufrir afección por la que fue hospitalizado unos días, Villarejo ha declarado este viernes desde la cárcel de Estremera (Madrid), donde permanece desde hace más de tres años como preso preventivo por sus presuntos negocios ilícitos de espionaje mientras estaba en la Policía, investigados ahora por la Audiencia Nacional en casi una treintena de piezas.
Le tocaba declarar por tres de esos supuestos encargos de espionaje, que afectarían, presuntamente, a exaltos cargos de empresas como CaixaBank y Repsol, al empresario Javier López Madrid o al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín.
Siguiendo su habitual línea de defensa, el excomisario ha defendido su actuación y la ha enmarcado en encargos de las altas esferas políticas para defender los intereses del Estado y, en esta ocasión, ha citado nombres como el de la reina Letizia o el de la vicepresidenta Carmen Calvo.
El primero ha sido en relación al supuesto encargo de López Madrid para acosar a la doctora Elisa Pinto. Villarejo, según informan distintas fuentes jurídicas, ha negado que éste le contratase para hacerlo o le pagase para ello, y ha indicado que Donato González, presidente de Societé Generale, le contó en 2013 que un empresario cercano al entorno de los entonces príncipes estaría siendo acosado con mensajes amenazantes.
Le dijeron, según las fuentes, que las amenazas vendrían del entorno de la doctora Elisa Pinto y que podrían afectar a los ahora reyes, de modo que se lo comunicó a responsables del Ministerio del Interior -entre los que ha citado al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez-, y de la Policía, como el exdirector general Ignacio Cosidó y el exnúmero dos Eugenio Pino.
Ha indicado que el excomisario Enrique García Castaño (imputado en varias piezas de esta causa) también recibió instrucciones de la Secretaría de Estado para investigar esas amenazas que, ha dicho, podrían afectar a la Casa Real, y ha encuadrado su actuación en un encargo del Ministerio del Interior en defensa de los reyes.
Villarejo, que ha sido conminado por el juez en varias ocasiones para que se centrase en los hechos que se investigan, ha dado también su versión sobre el presunto encargo que en 2011 le hizo el expresidente de la empresa de detergentes Persán José Moya para espiar al exdueño de la constructora Martín-Fadesa, un asunto en el que supuestamente estaría involucrado el exsenador socialista Rodríguez Martín.
En esta ocasión a quien ha citado Villarejo ha sido al exvicepresidente del Gobierno y exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido. Ha dicho que fue él a través de su jefe de gabinete y del exdirector adjunto operativo de la Policía Miguel Ángel Fernández-Chico, también fallecido, quienes le encargaron que protegiese a Persán -que había sufrido un perjuicio económico a raíz de una operación relacionada con Martinsa-Fadesa- por ser una empresa importante para el PSOE.
Ha contado, siempre según las fuentes, que se reunió con varios senadores del PSOE de entonces, incluido Rodríguez Martín, y ha situado el encargo en una supuesta lucha interna entre dos facciones del PSOE andaluz: en una, ha dicho, estaría Carmen Calvo y en la otra Rubalcaba.
Por último Villarejo ha declarado respecto al supuesto encargo de los exjefes de seguridad de CaixaBank y Repsol para espiar, según sostienen las acusaciones, al presidente de Sacyr Luis del Rivero.
Aparte de desvincular a las cúpulas de ambas compañías, ha encuadrado los hechos en un servicio para el interés del país con el objetivo de defender a una empresa estratégica como Repsol de caer en manos extranjeras.
A tenor de las fuentes, ha dicho que los encargos le llegaron a través del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Fernández Chico, quien le dijo que Repsol estaba teniendo problemas con compañías rusas y mexicanas, y se ha ofrecido dispuesto a dar datos de lo que ha llamado el «CNI clandestino». EFE
M.M.