Este abogado, Endika Zulueta, ha formulado su petición en una vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para escuchar su recurso contra la sentencia condenatoria, cuyo contenido han impugnado la fiscalía y los representantes de la acusación particular en nombre de la familia de la víctima, la popular en representación de Vox y la del Gobierno aragonés.
El procesado, en prisión desde que ocurrieron los hechos, en diciembre de 2017, fue juzgado en noviembre de 2019 por un jurado popular, aunque el TSJA anuló la sentencia condenatoria a 5 años por homicidio imprudente por falta de motivación y contradicciones en el veredicto, lo que provocó que volviera a ser juzgado en septiembre del año pasado.
En su exposición, Zulueta ha argumentado que el veredicto no sólo fue «mal propuesto» y no fue suficientemente motivado por los miembros del jurado, sino que la propia magistrada que presidió el juicio actuó en todo momento con «parcialidad» en perjuicio de su cliente.
Tras advertir que «está en juego la imparcialidad de los tribunales», este letrado ha señalado que la magistrada fomentó una «predisposición» negativa entre los miembros del jurado, tanto en los comentarios hechos al inicio de la vista, cuando Lanza pasó esposado frente al tribunal, como en las interrupciones hechas mientras usaba su derecho a pronunciar la última palabra.
Antes de terminar, ha solicitado al tribunal que independientemente de la decisión que adopte, ponga en libertad a su cliente, y que en caso de estimar su petición de nulidad, valore la posibilidad de celebrar el juicio en otra comunidad autónoma al entender que la sociedad aragonesa está mediatizada con la imagen dada a Lanza.
Todos los representantes de las acusaciones han rechazado los planteamientos hechos por la defensa y han valorado tanto la labor «proactiva» hecha por el jurado para llegar al veredicto que fundamentó la condena por asesinato con agravantes de alevosía y de odio, como la de la magistrada presidenta del tribunal a la hora de dirigir el juicio.
Así, el fiscal ha cuestionado que el comportamiento de la magistrada hubiera podido influir en el jurado, y que fueron sus miembros los que llegaron a la conclusión de que si el acusado no tenía intención de matar, sí que fue consciente de que los golpes brutales que le propinó a la víctima mientras estaba inconsciente podrían causarle la muerte (dolo no directo sino eventual).
En similares términos se ha pronunciado el representante de la acusación particular, Enrique Trebolle, que ha considerado «impecable» la labor del jurado al concluir que Lanza «era consciente de poder causar la muerte de Laínez y por ello debe de responder».
El letrado de Vox, David Arranz, que ha insistido en las motivaciones ideológicas del crimen y en los antecedentes del acusado que revelarían «una ideología de ultraizquierda y okupa», ha asegurado a vez que el derecho a la última palabra está «tasado» en cuanto al tiempo y al contenido del mismo. EFE
M.M.