Se trata de la octava denuncia de la Fiscalía de Madrid contra residencias por actuaciones en el marco de la pandemia y, en este caso, se extiende a la directora del centro, de titularidad municipal y regentada por Planiger S. A., ubicado en la zona norte de la comunidad de la Madrid.
A la directora se le acusa de cooperadora necesaria en el delito de intrusismo puesto que cuando contrató a uno de los médicos denunciados tenía “pleno conocimiento” de que el título que había obtenido en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana estaba en trámites de homologación en España.
A los dos doctores que atendieron a la mujer, de 87, uno al principio y el otro más tarde, se les imputa también el delito de omisión del deber de socorro.
Según la denuncia, ambos profesionales nunca activaron el protocolo de coordinación establecido por la Comunidad de Madrid durante la pandemia, por lo que omitieron la consulta con el hospital sobre la salud de la usuaria, a partir de la primera caída que sufrió el día 13 de marzo, y a pesar de su evolución negativa.
Ello le privó de un «adecuado y pronto diagnóstico» y de la posibilidad de «haber recibido un tratamiento para las consecuencias de su lesión que, finalmente, y sin haber sido ni diagnosticadas ni tratadas, le provocaron la muerte”.
La mujer, que presentaba un deterioro cognitivo grave y un nivel de dependencia severo, sufrió dos caídas durante el mes de marzo en presencia del personal del centro, así como un golpe en la frente sin que se pudiera determinar su etiología.
En la supervisión posterior a la segunda caída se constató cierta dificultad para el movimiento de los miembros inferiores, especialmente el izquierdo.
No obstante, “ni en el momento inicial ni en los días sucesivos, se valoró la necesidad de someterla a pruebas complementarias para determinar el alcance de la lesión ni se realizó consulta con el hospital de referencia, limitándose a constatar la evolución externa del hematoma, sin valorar su posible implicación interna”, según consta en la denuncia.
El 25 de marzo, a petición de la familia, se contactó por primera vez con el hospital de referencia, exponiendo que la residente había sufrido varias caídas desde la cama “sin mención a la tumefacción”, así como a la situación clínica que presentaba.
Un día más tarde, el médico denunciado por intrusismo realizó una nueva revisión de la paciente, que tenía más síntomas neurológicos y pérdida de tono muscular en el hemicuerpo derecho, si bien no consideró necesario volver a consultar con el hospital.
Ante las protestas de los familiares, este doctor realizó una nueva consulta al servicio de geriatría del hospital tras la cual se decidió trasladar a la paciente, a la que se realizó un TAC craneal que constató un “daño cerebral irreversible”.
Tras consultarlo con la familia, se decidió su tratamiento paliativo hasta el 28 de marzo que se certificó el fallecimiento por diversas causas, incluida la infección por covid.
La Fiscalía subraya que tanto uno de los médicos denunciados como la directora del centro eran «conscientes» de que «no se reunían las condiciones administrativas requeridas para ejercer la profesión de médico en España».
Pese a ello, “desempeñó funciones propias de la actividad médica, incluida la prescripción de tratamientos y la adopción de decisiones junto con los geriatras del hospital de referencia». EFE
M.M.