El Gobierno murciano prohibirá por decreto ley los vertidos al Mar Menor por la rambla cartagenera del Albujón para obligar al Ejecutivo central a eliminarlos y le pedirá que le transfiera las competencias de costas y de la cuenca vertiente para poder detener la crisis ambiental que está causando la muerte de cientos de miles de peces en sus aguas.
Tras un Consejo de Gobierno extraordinario monográfico sobre esta cuestión después de que desde el pasado lunes se venga repitiendo la llegada de peces y crustáceos muertos a las playas de la laguna salada, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha exigido también este viernes al Gobierno central recuperar el calado de la gola de Marchamalo para intercambiar agua de la cubeta norte a la sur para oxigenar esta última, la zona donde están muriendo.
Una medida esta «más que necesaria», según los expertos del comité de asesoramiento científico de su Gobierno para el Mar Menor, que, si el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no toma, el Gobierno murciano recurrirá a los tribunales para que obligue a hacerlo al central o autorice al autonómico a actuar cautelarísimamente.
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