En un comunicado enviado a los medios, y que firman la Unión de Toreros, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros y la Asociación Nacional de Mozos de Espadas, se informa de que el consistorio de esta localidad, como organizador de los festejos, «pretende imponer a los actuantes unas condiciones laborales que menoscaban los derechos adquiridos en el Convenio Colectivo» del sector taurino.
Estas condiciones impuestas por el ayuntamiento, sin consultar con estas asociaciones mayoritarias, consisten en la reducción de los sueldos de los profesionales en un 35 por ciento, cuando estos ya aceptaron bajarlos un 25 por ciento la pasada temporada dada la excepcional situación creada por la pandemia de la covid, que obliga a la reducción de los aforos.
En el comunicado de las asociaciones de toreros y mozos de espadas se explica que este conflicto laboral «deriva de la firma, el pasado mes de mayo, de un convenio extraestatutario por parte de un grupo de ayuntamientos incluidos en el denominado Foro de Defensa de las Novilladas y un sindicato de exigua representatividad en el sector», la llamada Asociación Sindical de Profesionales Taurinos (ASPROT).
«Dicho convenio a la carta -continúa el comunicado- negociado por quienes carecen de representatividad, establece salarios inferiores a los acordados en su día por las asociaciones empresariales y profesionales taurinas, que ya incluían una importante reducción para adaptarse a las circunstancias excepcionales provocadas por la actual crisis sanitaria y económica».
Y además advierten que «en un último esfuerzo por alcanzar una solución que pusiese fin al conflicto, se ha intentado en el día de hoy una mediación ante el SIMA, a cuyo acto no se han dignado comparecer los representantes del Foro de las Novilladas ni del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra», cuya feria comienza el próximo día 5.
«Las asociaciones profesionales taurinas -concluyen- lamentamos vernos obligadas a adoptar este tipo de medidas, que sin embargo consideramos indispensables para defender la legalidad y los legítimos derechos de los profesionales».
M.M.