En la vista celebrada este martes, la fugitiva, Alison G., ha argumentado a preguntas de su defensa que no se encontraba en Estados Unidos el 18 de diciembre de 2011, día en el que se produjo el hundimiento de la embarcación que provocó el fallecimiento de uno de los dos ocupantes que quedaron atrapados.
Según expone el escrito del fiscal, un tribunal de Florida, estado donde ella y su marido regentaban el negocio de buceo, le imputó un delito de homicidio por imprudencia profesional al entender que la embarcación se encontraba en muy malas condiciones -no había superado varias inspecciones de seguridad, por lo que les obligaron a reducir su aforo- y sus responsables no habían tomado ningún tipo de medida.
Además, están acusados de haber utilizado a un tercero para que figurase como titular en el registro de embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos, ya que la legislación no permite que personas con nacionalidad distinta a la estadounidense -ella es británica con pasaporte irlandés- regenten de forma oficial los barcos inscritos.
Tampoco respondieron ante la Justicia norteamericana, por lo que se decretó una orden de detención internacional contra ellos. Finalmente, Alison G. fue detenida en Vizcaya y enviada a prisión el pasado 4 de abril, misma fecha en la que se abrió un expediente de extradición.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de junio que este expediente pasase a la vía judicial y, pocos días después, la fugitiva se negó a ser extraditada.
En la vista que ha tenido lugar en la Audiencia Nacional, Alison G. ha explicado que su negativa, la cual ha reiterado, se basa en que se declara “inocente”, además de que es lo que han “recomendado” sus abogados.
Por su parte, el fiscal ha vuelto a solicitar ante el tribunal la extradición de la fugitiva, quien también ha asegurado que no sabe nada de su marido desde que se vieron por última vez en Álava.
Una vez expuestos los argumentos de las partes, el tribunal tendrá que decidir si Alison G. es devuelta a Estados Unidos. EFE
M.M.