La Audiencia de Madrid juzga a partir de este lunes al que fuera concejal de Urbanismo del PP en Palma entre 2003 y 2007, Javier Rodrigo de Santos, por presuntas agresiones sexuales bajo coacción a dos presos que disfrutaban de permisos penitenciarios en pisos de una fundación en la que era coordinador.
La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales veinte años de prisión para el acusado por delitos de agresión sexual y además solicita que indemnice a una de las víctimas con 30.000 euros y a la otra con 6.000 por las secuelas psicológicas que les provocó, así como que se declare responsable civil subsidiaria en caso de impago a la fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos.
Según relata el fiscal, el acusado agredió sexualmente en 2017 a ambos reclusos a los que había conseguido alojamiento en Madrid para que disfrutaran de sus permisos carcelarios y a quienes amenazó con retirarles el aval necesario para salir unos días del centro penitenciario en el que cumplían condena si no satisfacían sus instintos carnales.
Recuerda que el acusado ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor a cinco años de prisión.
Una vez que cumplió esa condena a partir de 2015 consiguió trabajo en la fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, donde un año después comenzó a desempeñar las funciones de coordinador del programa de reinserción social de presos.
Su tarea consistía en avalar a los internos que carecían de arraigo familiar ante Instituciones Penitenciarias para alojarles en las viviendas que poseía la fundación en el barrio madrileño de Vallecas.
Así, les proporcionaba un lugar donde poder residir durante los permisos penitenciarios e incluso una vez que les era concedida la libertad condicional y la libertad definitiva se hacía responsable de los internos ante la junta de tratamiento del centro penitenciario.
Según la Fiscalía, uno de los presos, XXX, residió en casas de la fundación entre febrero y julio de 2017, periodo en el que el acusado «prevaliéndose de su condición de coordinador del citado programa y bajo la amenaza de retirarle el aval imprescindible para poder disfrutar de los permisos penitenciarios» le obligó en siete ocasiones a mantener relaciones sexuales.
Estas relaciones se desarrollaron siempre en el despacho que el procesado tenía en una de las casas durante las noches en las que el interno pernoctaba en la vivienda durante los permisos penitenciarios.
En julio de 2017, aprovechando que otra casa estaba vacía el acusado se personó en la habitación del mismo interno y le obligó a entrar en el baño para mantener relaciones sexuales, a lo que XXX accedió «ante el temor de que pudiera retirarle el aval».
Por su parte, el otro recluso, YYY, comenzó a disfrutar de permisos penitenciarios en 2015 y se alojó en la primera casa tras adherirse al citado programa.
Durante su estancia, el acusado «no dejaba de realizar a YYY insinuaciones de carácter sexual, manifestándole que si accedía le ayudaría con su hijo y con sus problemas de extranjería».
También le envió varios whatsapp en los que le decía: «La verdad es que me encantaría que fueras mío», «Si fueras bisexual como yo tendrías un 100%», «Me voy a dormir, si quieres bajar a dormir a mi casa te dejo abierto», «Mi casa es tu casa y mi cama es tu cama», «Que sepas que me encantaría que estuvieras aquí a mi lado para dormir abrazado a ti», «Te quiero», entre otros.
A mediados de febrero de 2017 el acusado le invitó a pasar la noche a su casa, a lo que YYY consintió «por miedo a que le retiraran los permisos», y cometió una agresión sexual, siempre según el escrito de acusación del fiscal.
Estrella Digital