La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, ha condenado a ambos procesados tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes el pasado mes de julio, antes del juicio previsto para septiembre, y por el que los dos acusados aceptan los hechos y asumen esa pena.
La Fiscalía pedía para cada uno de ellos diez años de prisión por desviar 210.721 euros de las arcas de la Guardia Civil con falsos servicios de reparaciones contratados por el sargento con el trabajador autónomo, con el que después se repartía el dinero.
La audiencia condena al sargento por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de malversación de fondos públicos con atenuante muy cualificada de reparación del daño y de dilaciones indebidas en el proceso, y le impone un año de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para empleo público.
Al otro implicado le condena a la misma pena por los mismos delitos, y detalla que ambos deben indemnizar conjuntamente a la Dirección de la Guardia Civil con 210.721,41 euros, en los que se tendrán en cuenta los ya aportados durante el proceso y por los que se aplica la atenuante de reparación el daño.
La sentencia considera probado que al menos entre junio de 2009 y noviembre de 2012 el sargento, con antecedentes penales cancelados por delito de falsedad, aprovechó para cometer los delitos su trabajo en el Negociado de Tramitación de Expedientes de Compras del Servicio de Telecomunicaciones de la Guardia Civil, en el que se ordenan los pagos a terceros.
El otro acusado, autónomo, tenía la empresa Suministros Logísticos Dorado, aunque tras 2012 se dio de baja de autónomo y puso a la empresa el nombre de su mujer.
«Los dos, animados por la intención de enriquecerse a costa del erario público, urdieron un plan consistente en la desviación de fondos de las arcas del instituto armado a las cuentas corrientes titularidad de Emilio», el trabajador que, una vez disponía del dinero, «procedía a repartir los importes recibidos con el sargento, al que entregaba su parte en metálico», reza la sentencia.
Así, elaboraron documentos que simulaban ser facturas a cuenta del suministro de materiales o bien de la realización de reparaciones a favor de la Guardia Civil, y que una vez recibidas en el negociado del trabajador autónomo «daban lugar a que se ordenara el pago mediante transferencia bancaria a favor del emisor».
Además, los acusados se cuidaron de que los suministros y reparaciones nunca superasen los 5.000 euros porque de esta manera el sargento de la Guardia Civil podía pagar los supuestos servicios a través del sistema de «pago mediante anticipo de caja fija», ya que los que superaban ese importe «estaban sujetos a mayores controles», añade.
El trabajador autónomo elaboró 43 facturas hasta que fueron descubiertos y el 30 de enero de 2013 ambos fueron arrestados cuando el autónomo fue a la sede de la Guardia Civil de la calle de Guzmán el Bueno para entregar al guardia civil un sobre con 2.500 euros. EFE
A.M.