Según la investigación de la operación Tarator, que continúa abierta y en la que también ha colaborado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, la organización captaba a sus víctimas, todas ellas de países subsaharianos, en las provincias del sur de España donde vivían en asentamientos.
Los detenidos, de nacionalidad rumana y senegalesa, se valieron de su vulnerabilidad, desconocimiento del idioma, su escasos recursos económicos, su aislamiento social y su situación irregular en el país, para ofrecerles condiciones engañosas para trabajar en la vendimia en Burgos.
Una vez allí, los detenidos no cumplían con lo que habían prometido a estos trabajadores y los hacinaban en condiciones infrahumanas, además de quitarles su documentación.
Les obligaban a trabajar, sin contratos ni altas en la seguridad social, y les sometían a largas jornadas de trabajo sin darles el dinero que les habían prometido.
Fue la empresa para la que trabajaban las víctimas, que desconocía las condiciones a las que estaban sometidas por los tratantes una vez finalizada la jornada laboral, la que ha colaborado con la Guardia Civil aportando documentación y datos que han resultado esenciales para la operación.
Las catorce víctimas que han podido ser liberadas e identificadas tienen entre 29 años y 44 años y han sido asistidas y alojadas con la colaboración de Cruz Roja, ACCEM y Cruz Blanca, que se han hecho cargo además de su asesoramiento legal.
Durante el año 2020, la Guardia Civil ha llevado a cabo un total 1.254 inspecciones preventivas en lugares donde podrían existir víctimas de explotación laboral o sexual, identificando a 5.029 personas.
En ese periodo, se han desarrollado 66 investigaciones en las que se ha liberado a un total de 313 víctimas y detenido a 144 personas, por delitos de trata y explotación laboral y sexual. EFE
A.M.