En su escrito de acusación, el ministerio público acusa de Rosell de un delito contra la Hacienda pública y pide que se le condene a pagar una multa de 300.000 euros y a que se le prohíba obtener subvenciones o ayudas públicas, así como incentivos fiscales, durante tres años.
La Fiscalía aplica al expresidente del Barça la atenuante de reparación del daño, puesto que en junio de 2019 devolvió a Hacienda un total de 287.911 euros, correspondientes a la cuota defraudada más los intereses.
Según sostiene el ministerio público, en 2012 Rosell se dedicó a actividades profesionales relacionadas con la organización de congresos y similares y al alquiler de locales industriales.
Para llevar a cabo esa actividad, utilizó la sociedad TOC SLU, de la que era administrador único y que carecía de estructura empresarial para prestar los servicios que constituían su objeto social.
Durante 2012 la empresa contó únicamente con cinco trabajadores, cuatro de los cuales se dedicaban a labores de mantenimiento y limpieza en las oficinas, el domicilio y la segunda residencia de Sandro Rosell, mientras que el quinto se encargaba de la contabilidad, facturación y atención telefónica.
El acusado, prosigue la Fiscalía, se sirvió de esa empresa para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación por IRPF y que derivaban de su actividad profesional personal: la firma facturaba y cobraba a los clientes la retribución de los servicios que prestaba a terceros.
A través de la empresa, se dedujo indebidamente como gastos en la actividad económica declarada dos facturas emitidas por una consultora por el asesoramiento sobre cuestiones de fiscalidad internacional y pagos con VISA no justificados.
Además, para tratar de ocultar las cifras derivadas de su renta, declaró indebidamente pérdidas patrimoniales por la venta de unos inmuebles.
La Fiscalía también acusa a Rosell de no haber incluido en su declaración de 2012 unas rentas inmobiliarias correspondientes a un inmueble que tenía a su disposición ni otros rendimientos de capital mobiliario.
Rosell permaneció más de dos años en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional, acusado de blanquear comisiones de hasta 20 millones de euros recibidas por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y de un contrato con Nike, caso del que fue absuelto en 2019.
La Audiencia decidió absolver a Rosell, para quien la Fiscalía solicitaba seis años de cárcel, ante las «dudas en relación con la ilegalidad de las comisiones» que habría cobrado, al no poder acreditar que hubiera cometido los delitos de los que el ministerio público lo acusaba.
Paralelamente, Rosell tiene aún pendiente el juicio por el fichaje de Neymar, una causa en la que enfrenta cinco años de prisión por corrupción entre particulares y estafa por el fichaje irregular del futbolista brasileño por el FC Barcelona en 2013. EFE
A.M.