En declaraciones a Efe, el letrado Ángel Galindo ha destacado que «era de justicia y el Supremo la hace con mayúsculas».
«Es el denunciante de la mayor trama de corrupción política y empresarial de la democracia y sin su denuncia nada se hubiera destapado y la corrupción seguiría instalada en el Gobierno de la nación», ha añadido.
Peñas fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 4 años y 9 meses de prisión; 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta; 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multas.
El Supremo avala que se le conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta que le fueron impuestas por otras de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación o elección, lo que le permitiría seguir trabajando como empleado público en el Ayuntamiento de Madrid y garantizar el sustento económico de su familia.
Peñas pidió el indulto al Ejecutivo una vez que el Supremo modificó ligeramente algunas condenas cuando analizó los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, motivo por el cual es el órgano jurisdiccional que debe emitir el informe. EFE
A.M.