Durante su breve interrogatorio, el financiero se ha referido a la cuenta que la sociedad abrió en una sucursal de la calle Orense, en Madrid, y que el magistrado Manuel García Castellón ordenó investigar el pasado julio.
En aquella ocasión, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 ofició a la Policía Nacional para que requiriera a la oficina el contrato de apertura y demás documentación incorporada, la cartulina de firmas, la relación de apoderados y contratos o escrituras públicas aportadas.
Esa actuación obligaba a la sucursal a aportar además la identificación de las personas que operaron con dicha cuenta, en concreto, a quienes extrajeron cantidades en metálico.
Sobre ella ha hablado el asesor financiero, que se ha remontado a la creación de la cuenta en diciembre de 2004 y a su naturaleza de crédito.
No es la primera vez que se menciona este producto en la causa, ya que en su informe del pasado febrero, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ya recogía «determinadas transferencias/traspasos ordenadas» desde esta cuenta de Cenyt, que coincide con aquella «en la que se facturaban los trabajos a BBVA».
Esta misma tarde también ha intervenido el perito Fernando Alfonso, que analizó las evidencias electrónicas por las que se imputó al director de comunicación del BBVA, Paul G.Tobin.
Tobin será el próximo en declarar ante la Audiencia Nacional, aunque en calidad de investigado, en esta pieza separada sobre los negocios del excomisario en la que se estudian los encargos del BBVA a Cenyt.
El directivo, cuya comparecencia está prevista para la tarde de este jueves, fue imputado el pasado julio a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que guarda «relación estrecha con los hechos investigados».
Además, recordaba el Ministerio Público en su informe, su testimonio «no se encuentra amparado por secreto profesional alguno» y serviría para esclarecer los indicios pues, «dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad», en alusión al también investigado Francisco González.
Los fiscales se remitían al interrogatorio de la responsable de seguridad física del BBVA, Inés Díaz Ochagavia, quien relató que crearon una carpeta en la nube para «levantar información» que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt, a petición de Paul G. Tobin.
De este relato se hizo eco el juez en su auto de imputación, en el que destacaba que «la información de la que dispuso PwC» para elaborar el «forensic» realizado por el banco a raíz del caso Villarejo no incluye «ni la carpeta creada por Tobin ni la relación específica de metadatos» que permitiría rastrear qué personas podían acceder.
A partir de ello se podría constatar «si existió borrado de algún archivo, máxime cuando existen correos electrónicos con archivos adjuntos sin que consten estos últimos».
La «operación Trampa», novena pieza del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación de BBVA y Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos, como el exjefe de seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano. EFE
A.M.