La Fiscalía solicita para todos ellos más de 20 años de cárcel, ocho para el principal responsable de la organización, conocida como Música por la paz, que fue creada en 2013 para atender a personas en riesgo de exclusión, sobre todo niños y parados.
Para ese acusado, como responsable y fundador de la organización, el ministerio fiscal pide ocho años de prisión, una multa de 14.400 euros, inhabilitación para administrar empresas o asociaciones durante tres años y que indemnice a la asociación con 469.568 euros.
Según informa en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel para el hijo de este hombre, que ejercía de responsable cuando él no estaba, y la misma pena para otro individuo que se encargaba de buscar a los voluntarios que se ocupaban de recoger los fondos, a través de sorteos o papeletas, y a los que les daban un comisión por venta.
El fiscal solicita 2 años y seis meses de prisión para otra hija del principal responsable de la organización, que se ocupaba de los centros que había en la zona de Galicia, y la misma pena para la novia del hijo, que llevaba las redes sociales de la asociación.
También considera partícipes a título lucrativo a la mujer del principal acusado y otra hija, que deberán responder, según la Fiscalía, indemnizando a la asociación con 18.732 y 7.000 euros, respectivamente, que obtuvieron de los fondos de la ONG.
La Fiscalía considera que este hombre «bajo el pretexto presuntamente altruista» creó en 2013 esa asociación, de la que «subyacía una estructura piramidal», que sí ejercía una labor de ayuda a las personas que estaban en los centros que tenía en España, pero que «destinaba la mayor parte de sus ingresos para subvenir las necesidades y gastos» de los acusados.
«Se realizaba una labor prestacional en favor de los menores como pretexto para sostener un entramado con el que cooptar múltiples donaciones de efectivo que, a la postre, gestionaba discrecionalmente su fundador», añade el ministerio público, que asegura que el principal acusado tenía «el control absoluto de todos los ámbitos de la gestión» de la ONG.
En un segundo nivel estaba su hijo y después la hija que gestionaba la organización en Galicia, así como la pareja de su hijo, que era la encargada de la web y las redes sociales de Música por la Paz.
Los fondos de la organización se obtenían por múltiples sorteos, de los que se ocupaban voluntarios, que captaba otro de los acusados que, según el fiscal, daba a esos voluntarios un comisión por venta, mientras que el resto de lo recaudado se ingresaba «en múltiples cuentas, de las que el acusado (el fundador) disponía libremente».
De hecho, el fiscal señala que entre 2014 y 2017 el fundador de la asociación obtuvo «múltiples e injustificadas extracciones de efectivo» de la asociación, hasta 363.170 euros, mientras que con su hijo también ingresó otros 106.397 euros.
A la hija que se ocupaba de la ONG en Galicia le procedió «a desviar a su favor» 64.259 euros y su hijo y su nuera estuvieron recibiendo «periódicamente el año 2015» diversas cantidades hasta los 74.995 euros él y los 33.629 euros ella.
El hombre que se ocupaba de captar a los voluntarios también consiguió de la asociación en esos tres años un total de 177.634 euros, afirma la Fiscalía.
Esos hechos son, para el ministerio público, constitutivos de un delito de apropiación indebida, otro de pertenencia a grupo criminal, además de blanqueo de capitales, en el caso del principal acusado por la compra de vehículos.
Los siete acusados en esta causa serán juzgados el lunes, martes, jueves y viernes de la próxima semana, del 17 al 21 de enero, por la sección tercera de la Audiencia de Cantabria. EFE
A.M.