Así consta en un informe realizado el pasado 5 de enero por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, al que ha tenido acceso EFE este martes.
La jueza expone en ese informe que los hechos denunciados por la madre de una de las niñas en 2019 son «esencialmente coincidentes» con los que ha investigado ella y que se saldó con la detención de una treintena de personas por abusar y explotar sexualmente de una decena de menores, la mayor parte de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid.
Por ello, la magistrada que ha dirigido esta investigación cree que debe encargarse de la causa el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que fue donde recayó la denuncia presentada hace más de dos años por la madre de una de las víctimas, que ahora son testigos protegidas.
La madre de la chica, menor de edad, denunció su desaparición entre los 20 y 30 de diciembre de 2019. Aportó datos en los que se decía que creía que estaba en una casa fumadero de toxicómanos, manifestó que conocía que un individuo, llamado Kevin, que habría podido abusar sexualmente de ella en la zona de San Cristóbal y citó la «zona de prostitutas de Villaverde» como posible lugar donde se podría encontrar su hija.
La mujer volvió a denunciar el 24 de febrero de 2020 la desaparición de esta joven en compañía de un individuo que había ido a buscarla a casa y con el que se marchó sin haber regresado. Un día después, amplió la denuncia y dijo que su hija era adicta y se prostituía por la zona de San Cristóbal y Villaverde, donde había ido a recogerla alguna vez.
También avisó que los responsables de esas zonas abusaban de su hija y de otras mujeres mayores y menores de edad, adictas, a las que mantenían dentro de los pisos varios días en estado casi inconsciente por las drogas para abusar de ellas.
Su hija llegó a relatarle esta situación en varias ocasiones cuando acudía a la zona a por ella.
En su denuncia, la madre llegó a aportar como sospechoso de la desaparición de su hija a I.D.M, un dominicano que pertenecía a bandas latinas y que estaba de permiso penitenciario por una condena por drogas.
En su informe, la juez constata las similitudes con lo descubierto en la Operación Sana, que ella ha investigado: «La existencia de un grupo de varones que frecuentan la zona de los poblados chabolistas de San Cristóbal y Villaverde, que se conocen entre sí, que se dedican a abusar sexualmente de menores en situación de extrema vulnerabilidad, a cambio de dinero o drogas».
La madre denunció reiteradamente «los hechos, aportando datos, identidades, lugares, sin que hubiera respuesta alguna (al menos no consta), al no haberse llevado a cabo investigación (no consta en los autos que se ordenara a la policía hacer una mínima investigación de los hechos, que son graves, al estar relacionados con una menor en clara situación de peligro y otras posibles menores en la misma situación)», expone la jueza.
Además, la magistrada afirma que esta «situación de peligro» ha venido a confirmarse con este procedimiento, del que resulta la «continuidad de estos hechos en el tiempo», como denunció la madre.
Esta mujer declaró el 12 de noviembre de 2021 sobre los hechos denunciados, que están instruidos por el Juzgado de Instrucción número 23, y expresó hechos «conexos» y citó como uno de los autores de la captación de su hija al conocido como el Chuki, que estaba en prisión.
Su hija aparece como una de las posibles víctimas de la red por los hechos que fueron denunciados por su madre. EFE
A.M.