La Sala Segunda del TC ha decidido elevar este asunto al Pleno dada la relevancia del caso, según han informado este lunes fuentes del Constitucional.
Los hechos ocurrieron en abril de 2019, cuando un juez de Oviedo ordenó el ingreso de la mujer embarazada, que había superado las 42 semanas de gestación, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), para controlar el parto.
Lo hizo tras recibir una solicitud firmada por el subdirector de Servicios Quirúrgicos y Críticos de ese hospital, que sugería la necesidad de adoptar la medida de ingreso obligado para la práctica inmediata de un parto inducido.
La mujer dio a luz al día siguiente por cesárea, pero denunció que se habían vulnerado sus derechos, criterio que siguen la asociación El Parto es Nuestro y el Observatorio de la Violencia Obstétrica.
La solicitud que recibió el juez iba acompañada de un informe del jefe de Sección de Obstetricia en el que relataba el historial de controles de embarazo y visitas al servicio, que fueron interrumpidas por la mujer en la semana 35+2 pese a la insistencia de los facultativos para que las retomara.
Los médicos calculaban que la mujer se encontraría actualmente en la semana 42+3 de embarazo, por lo que el informe advertía de que si el parto no se realizaba en el hospital existiría «riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina». EFE
A.M.