En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia revoca el archivo de la causa que había dictado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés, al que ordena practicar una serie de pruebas.
En concreto, que tome declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente a la covid 19 en cada una de las residencias en las que se produjeron esas muertes, Amavir-El Encinar, Aralia Servicios Socio-Sanitarios-Parque de los Frailes, Vitalia Home-Leganés y Domus VI-Leganés.
Se trata de que expliquen los informes ya remitidos al juzgado sobre los protocolos seguidos para evitar los contagios en relación a los medios de los que disponían.
También insta al juez a tomar declaración en calidad de testigos a los responsables médicos de cada una de las residencias en aquellas fechas «en relación a la deficiente atención sanitaria a la que hacen referencia los querellantes».
El objetivo es que den cuenta de la situación médica de cada uno de sus pacientes a los que se refieren las querellas presentadas sobre la base de las historias clínicas que ya entregaron al juez e informen de los medios disponibles en cada una de las residencias en esos momentos para prestar atención médica a los residentes enfermos que no fueron derivados al hospital de referencia.
Por último, quiere que tome declaración en calidad de testigos a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era el Hospital de referencia, para que informen sobre los criterios adoptados en esas fechas para el traslado de los enfermos desde las residencias implicadas a los hospitales.
También que aclaren, a la vista de los historiales médicos recabados y de los que puedan disponer, la situación de los respectivos residentes al ingreso hospitalario y adecuación del tratamiento según su estado.
Y que argumenten la decisión de no derivación hospitalaria de algunos de los residentes.
Se trata de la segunda vez que la Audiencia de Madrid ordena reabrir esta causa, motivada por las querellas de nueve familiares, que incluso pidieron investigar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Justicia y de Sanidad, si bien estos quedaron fuera del procedimiento desde el primer momento por ser aforados.
Los querellantes alegan que los contagios de los residentes fueron consecuencia de un deficiente cumplimiento de los protocolos covid en el ámbito residencial y los fallecimientos se debieron a la falta de derivación hospitalaria o en los retrasos en las mismas. EFE
M.M.