Según fuentes jurídicas, Biosca se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que previamente había levantado el secreto del sumario que aún pesaba sobre una de las piezas.
Tal como consta en la diligencia de declaración, a la que ha tenido acceso Efe, la defensa de Biosca ha solicitado su puesta inmediata en libertad sin fianza al considerar que «no existe delito alguno».
En este sentido, ha insistido en que «no se ha acreditado por la Unión de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que se haya cometido delito», como tampoco lo han hecho las declaraciones de los supuestos testigos.
En cualquier caso, prosigue, de haberse acreditado, el delito «no tiene la entidad suficiente y no está determinada la cuantía supuestamente estafada».
Es más, en opinión de la representación de Biosca, «muchos de los perjudicados que se pretenden personar se han beneficiado de la presunta estafa y deberían ostentar la condición de investigados en lugar de acusadores».
A diferencia de lo sostenido por las acusaciones, la defensa ha descartado cualquier posible riesgo de fuga «pues tiene arraigo en España y domicilio conocido», máxime cuando «a través de una orden de detención y entrega podría ser detenido en cualquier país de la Unión Europea y ser entregado a España inmediantamente».
El magistrado deberá ahora decidir si atiende o no la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional; de momento, ha aplazado las declaraciones de dos testigos, afectados por la presunta estafa, una de ellas hasta mañana y la otra hasta la próxima semana.
LAS ACUSACIONES, DISGUSTADAS Y SORPRENDIDAS
En declaraciones a Efe, la abogada Emilia Zaballos, que representa a cerca de 700 afectados por la presunta estafa y ha promovido la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, y los abogados de las acusaciones particulares Pilar Rodríguez y Miguel Ángel Fernández-Salinero, han lamentado la postura del fiscal Pedro Rubira.
Los letrados aseguran que están «muy disgustados y muy sorprendidos» por el criterio del fiscal, cuyas razones «no entienden», dada la magnitud de la presunta estafa, que ronda los 700 millones de euros.
El propio Biosca se ofreció a compensar a los afectados con 15 millones de bitcoines (unos 570.000 millones de euros según la cotización actual de la criptomoneda), han explicado los abogados, por lo que no entienden que la Fiscalía haya pedido que su fianza sea de solo un millón de euros.
La Asociación de Afectados ha apelado, precisamente, al riesgo de fuga de Biosca dados sus contactos con el exterior, y ha recordado que «ha suplantado su personalidad para alquilar una vivienda», motivo por el que se ha mostrado en contra de la puesta en libertad.
Aun así, de no mantenerse la prisión, ha solicitado para él una fianza de diez millones de euros.EFE
A.M.