Según han informado a Efe fuentes jurídicas, a consecuencia de la primera de las denuncias, presentada en 2017, el inspector, Manuel G., está ya a un paso de juicio por acoso laboral al haber denigrado y relegado de sus funciones a una agente de la Policía Local desde 2014, cuando supo que estaba embarazada.
En este caso, la Fiscalía pide 3 años y 11 meses de cárcel para el procesado por un delito contra la integridad moral de acoso en el ámbito laboral y otro de lesiones, pero la pena a que se expone el acusado podría ser mayor si finalmente el juez ve indicios de que el acoso a la agente no solo fue moral, sino también sexual.
En un principio, el juzgado de instrucción número 3 de Granollers (Barcelona) apreció solo indicios de acoso laboral y archivó las diligencias por acoso sexual que había abierto contra el inspector a raíz de la denuncia de la agente, que asegura que también fue víctima de comentarios sexuales y acercamientos físico por parte del exjefe de la Policía.
No obstante, a raíz del recurso presentado por el abogado de la funcionaria -Jaime La Paz, del Sindicato de Policías Locales (SPL-CME)-, la Audiencia ha ordenado abrir la investigación por acoso sexual al concluir que el juez instructor la había archivado sin argumentar su decisión.
La reapertura de la causa por acoso sexual da una nueva oportunidad a la acusación particular para plantear nuevas diligencias de investigación y, especialmente, poder llevar a juicio como testigos a varios agentes del cuerpo que asegura presenciaron la situación.
A esta investigación judicial, ya en su recta final, se une la que lleva el juzgado de instrucción número 2 de Granollers por la denuncia presentada por otra agente de la Policía Local que relata acercamientos sexuales por parte del inspector, en el interior de su despacho y aprovechando su ascendencia sobre ella.
Como en el caso de la otra agente, la funcionaria también denunció en 2018 haber sido degradada y relegada a desempeñar tareas inferiores a las que le corresponden por orden del inspector investigado.
En los próximos meses, está previsto que declaren en esta causa varios testigos y que se resuelva la petición del Ayuntamiento de L’Ametlla del Vallès para ejercer la acusación particular o popular en el caso, a lo que el abogado de la agente se opone porque cree que el consistorio podría ser condenado como responsable civil por no haber impedido la situación laboral investigada.
De hecho, en la primera de las denuncias el juez impuso una fianza de 400.000 euros al Ayuntamiento por si fuera condenado como responsable civil subsidiario por el presunto acoso infligido por el exjefe de la Policía Local, una cantidad que el consistorio ya ha afianzado mediante una finca de propiedad municipal.
La fianza se ha fijado para cubrir los daños psicológicos que sufrió la denunciante, que según la Fiscalía sufrió un trastorno ansioso-depresivo por el que requirió tratamiento médico especializado y farmacológico.
Manuel G., ya jubilado, recibió en febrero del año pasado una placa conmemorativa de manos del alcalde, Pep Moret (ERC), por sus años de trabajo al frente del cuerpo.
Desde el año 1992, el inspector jefe ha sido objeto de denuncias o quejas por parte de 23 trabajadores del cuerpo por supuestos casos de acoso laboral, lo que ha dado pie a la apertura de 7 expedientes, según consta en los archivos municipales. EFE
A.M.