Según informan la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han sido detenidas seis personas e intervenidos 24.320 decodificadores además de desconectar el servicio a otros 12.000 clientes que ya disponían de uno.
Los dispositivos eran fabricados en China y enviados a un almacén de Madrid, desde donde se distribuían por paquetería a clientes finales o se exportaban al por mayor a otros países europeos donde eran vendidos por terceros.
La organización ofertaba los decodificadores a través de diferentes plataformas web y, además, contaba con un foro en Internet, al que tenían acceso los clientes, en el que explicaban la manera de configurar los dispositivos y desde el que ofrecían soporte técnico.
La investigación se inició en septiembre de 2019 cuando dos empresas productoras de contenido audiovisual – Mediaproduccion SLU y Alliance For Creativity And Entertainment- denunciaron que se estaban vulnerando derechos de propiedad intelectual de los que eran titulares.
Los agentes constataron la existencia de una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, dedicada a la fabricación y distribución de decodificadores manipulados que permitirían acceder a contenidos audiovisuales de pago de forma fraudulenta.
Los decodificadores tenían instalado un software que permitía el acceso a diferentes plataformas audiovisuales libres o de pago. Obtenían la señal de numerosas plataformas y canales de televisión, las redirigían a su propia estructura de servidores –alojada en, al menos, cuatro países europeos- y posteriormente la distribuían ilegalmente a sus suscriptores.
Además, para dar apariencia de legalidad al negocio, se habían registrado bajo una denominación cuyo objeto social era el servicio de mensajería y paquetería a terceros.
El punto neurálgico de la organización se encontraba en un almacén ubicado en una nave industrial de Madrid, donde se recibían y desde donde se distribuían en camiones que los repartían a particulares o en grandes volúmenes a otros países europeos -principalmente Francia, Alemania y Portugal- donde a su vez eran vendidos por terceros.
Asimismo, el almacén era el lugar desde donde los técnicos de la organización, a través de un programa informático, tenían el control absoluto de los contenidos audiovisuales que facilitaban, el acceso a los clientes según su perfil de usuario, la modalidad de contratación, etc.
Con el avance de la investigación, los agentes identificaron los servidores en los que se almacenaban los contenidos ilegalmente ofertados o las claves/contraseñas que permitían acceder a ellos. Parte de ellos, resultaron estar ubicados en Alemania, Francia, Canadá y Reino Unido.
La organización contaba con un foro en Internet, al que tenían acceso los clientes, en el que se facilitaban los programas que permitía acceder a los contenidos. Asimismo, aportaban soporte técnico sobre el manejo de los equipos y explicaban los pasos a seguir para acceder a menús ocultos preinstalados que permitían la actividad ilegal.
Los agentes han desactivado el servicio a los 12.000 clientes y han inhabilitado la página web que gestionaba el foro de usuarios desde el que ofrecían asistencia técnica a los clientes.
Por último, el análisis de las cuentas bancarias ha revelado unos ingresos derivados de la actividad ilícita de 1,2 millones de euros entre los años 2017 y 2021, 800.000 de ellos en los dos últimos años. EFE
A.M.