Los abogados defensores de Pedro N.A., Jesús M., Djilali B. y Maamar K. han formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sus recursos de apelación, a los que ha tenido acceso Efe y en los que sostienen que se ha vulnerado, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías procesales.
El abogado Javier Beramendi, defensor de Pedro N.A., condenado a 22 años de cárcel como inductor, alega en los 202 folios de recurso de apelación que el jurado de la Audiencia Provincial adoptó su veredicto utilizando la declaración que el intermediario, Jesús M., realizó como testigo en sede policial cuando estaba incomunicado y no podía entrevistarse con el letrado asignado, a pesar de que la manifestación fue después anulada por el TSJA.
El letrado añade además que a través de la declaración del sicario Djilali B., que incriminó a Pedro N.A. y luego rectificó en el juicio, no se puede concluir que el condenado como inductor ordenara matar al concejal y se concertara con los demás para consumar el crimen, por lo que al no haber prueba de cargo se enervó, en su opinión, su derecho a la presunción de inocencia.
Luis Mendiguren, defensor de Jesús M., condenado a 20 años como intermediario, invoca la nulidad de la deliberación y el veredicto alcanzado por el jurado al haber accedido a la declaración anulada judicialmente de su representado y recibir incluso “en algunos casos copia entrecomillada”, una situación que impidió la objetividad del jurado y causó “un evidente efecto perjudicial para las defensas”.
Fernando de Barutell, defensa del sicario Maamar K., condenado a 22 años de cárcel, halló en el acta de votación del jurado hasta nueve referencias directas al atestado policial anulado y a su diligencia de exposición de hechos, por lo que cuestiona que llegara al veredicto “desde la necesaria imparcialidad subjetiva predicable y exigible a todo juzgador”.
Adrián Fernández, defensor del sicario Djilali B, condenado como coautor del asesinato a 22 años de prisión, afirma en su recurso que el jurado “dio por buena” la declaración de su representado durante la fase de instrucción y le dio naturaleza de “prueba irrefutable, contundente y sin posibilidad de contradicción”, lo que le lleva a mantener que “el esperpento es de órdago”.
Para el letrado, el jurado utiliza “lo que quiere” y lo que no le viene bien “lo deshecha”, para justificar su veredicto y el relato de hecho que “casualmente coincide con la diligencia de exposición de hechos de los investigadores”, sostiene.
Javier Ardines fue asesinado en un camino vecinal a escasos metros de su casa en Belmonte de Pría, en Llanes, el 16 de agosto de 2018 después de que Pedro N.A. planificara el crimen tras conocer que su mujer y el concejal mantenían una relación extramatrimonial, según consta en la sentencia.
Tras un primer intento fallido, el día del asesinato, Djilali B. recogió a Maamar K. para viajar desde el País Vasco hasta la localidad llanisca, donde prepararon una emboscada al edil al colocar tres vallas de obra para cortarle el paso, ya que solía salir a pescar con su embarcación sobre las seis de la mañana.
Cuando Ardines bajó del coche para retirar las vallas, los sicarios le atacaron con un espray de pimienta y después le golpearon la cabeza con un objeto con tanta contundencia que le causó una fractura de cráneo, para finalmente estrangularlo ya en el suelo, según concluyó el jurado. EFE
A.M.