Los detenidos, en el marco de la Operación Área-Galería, son presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, usurpación de identidad, falsedad documental y estafa.
Según ha informado la Benemérita este jueves en una nota, entre los hechos esclarecidos figuran 113 delitos de estafa, por valor de 148.702 euros; 69 de usurpación de identidad y 13 de falsedad documental.
En total, hay 11 empresas afectadas y 69 ciudadanos estafados, uno en las provincias de Álava, Albacete, Alicante, Ávila, Badajoz, Burgos, Córdoba, Gijón, Granada, La Rioja, Las Palmas, Navarra, Ourense, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza; dos en Málaga y Murcia; nueve en Valencia y 37 en Madrid.
La operación se inició en febrero de 2021 tras una denuncia presentada por un ciudadano, en la que relataba que autores desconocidos habían usurpado su identidad para comprar joyas de alto valor en una conocida tienda en internet.
Los presuntos estafadores asignaron como lugar de entrega de las joyas la localidad riojana de Villoslada de Cameros.
Los investigadores constataron que no era un caso aislado, sino que existían otras denuncias de similares características en casi la totalidad del territorio nacional, con una clara vinculación a un mismo grupo criminal asentado en La Rioja.
El grupo conseguía en internet y en la «deep web» listados de antiguos opositores a docencia y judicatura, en los que figuraban sus datos personales (nombre, apellidos y DNI), con los que creaban a cada víctima un paquete de datos, consistente en una dirección de correo electrónico, un número de cuenta bancaria, una línea telefónica y un domicilio ficticio.
Después, utilizaban los paquetes de datos para comprar de forma telemática joyas valoradas entre 500 y 2.400 euros y tramitar portabilidades de líneas prepago con las que acceder a la financiación de teléfonos móviles de alta gama, valorados entre 800 y 1.500 euros.
Cerrada la adquisición de las joyas y los teléfonos, uno de los miembros de la organización estaba pendiente del momento en el que se iba a realizar la entrega en el falso domicilio y simulaba encontrarse casualmente en la calle con el repartidor, ante el que se identificaba con los datos de la víctima para conseguir materializar la entrega.
Tras ello, el grupo ponía a la venta las joyas y los móviles en plataformas de internet y en establecimientos comerciales de segunda mano a un precio muy atractivo y alejado de su coste de valor real.
Las víctimas aún sufren las consecuencias del engaño ya que son sus identidades las empleadas para la comisión de los delitos, por lo que las empresas afectadas les reclaman el pago de los artículos, lo que les ha generado problemas judiciales y de índole personal, según la Guardia Civil. EFE
A.M.