Esta solicitud se produce a raíz de un atestado del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que apunta al «lucro injusto» que Martínez habría tenido en una empresa gestionada junto a sus hermanos.
Dicho atestado forma parte de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción 6, que ordenó la verificación de aspectos manifestados por la Intervención General de la Junta de Andalucía en un informe de control financiero sobre Santana Motor, entre otras entidades, tras la concesión de préstamos por parte de la Agencia pública IDEA.
En el escrito de alegaciones presentado ante el Juzgado, al que ha tenido acceso EFE este jueves, el letrado Manuel Pérez Cuajares traslada que no existen «méritos» para dirigir un proceso contra Martínez y se refiere además al «enorme daño que tanto personal como reputacional conllevaría tal medida».
Una vez examinado el atestado policial y el resto de la causa, el escrito pone de manifiesto los que considera «enormes e innumerables errores» que este contiene y advierte de que la investigación y su objeto afectan a principios constitucionales y derechos fundamentales de Martínez.
Entre otras cuestiones subraya que este nunca ha tenido vinculación con la gestión del grupo Santana, no ha pertenecido a órgano, consejo ni puesto que tuviera que ver con la concesión de subvenciones, ni ha desempeñado cargo relevante relacionado con organismos competentes en la concesión de fondos públicos.
«No participó de ninguna manera en la gestión de dicho grupo, por mucho que el informe policial se empeñe en insinuarlo, por supuesto sin base alguna, a través de un atestado presidido y caracterizado por la graves inexactitudes que contiene y que deslegitiman al mismo», ha indicado el abogado, que también señala los errores respecto a los trabajos y cargos desempeñados por Martínez.
El letrado expone asimismo que el informe policial pretende establecer una vinculación entre su representado y su hermano Bienvenido y sus relaciones con algunas empresas a partir de su «supuesta» capacidad de decidir o determinar las subvenciones que recibieran en su día algunas empresas por parte de la Junta.
Respecto al «lucro injusto» de los hermanos Martínez que aparece en el atestado, aclara que todas las funciones y trabajos que ha desarrollado a través de su consultora Job Management Liberty son «absolutamente lícitos», por lo que cree que tal atribución policial es «una inadmisible conjetura y mera suposición».
«Al margen de los innumerables errores que el informe policial contiene (…) nada de lo reflejado en el mismo en lo que a la concreta intervención de Juan Carlos Martínez se refiere demuestra siquiera indiciariamente su participación en hecho punible alguno», añade Pérez.
En este sentido, cree el objetivo de investigación es un «compendio de meras conjeturas y sospechas policiales alimentadas por una investigación inquisitiva y meramente prospectiva». EFE
A.M.