La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a desalojos ilegales de viviendas por parte de una empresa de seguridad ‘antiokupas’, tras detener a dos personas e investigar a otras tres por su presunta relación con esta trama de ‘desahucios exprés’ detectada en las provincias de Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
Los supuestos implicados, uno de ellos el propietario de la mercantil investigada, simulaban falsas ocupaciones de viviendas, valiéndose de una misma persona, una mujer, para desahacerse de los moradores, según un comunicado del instituto armado, en el que ha informado de esta operación, denominada Savita.
La Guardia Civil de Villajoyosa (Alicante), con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona, el Área de Investigación de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y el de Arroyomolinos (Madrid), se hizo cargo de las investigaciones en agosto de 2021, después de tener conocimiento de que en una vivienda de esa localidad alicantina se había instalado una puerta ‘antiokupa’ a una persona que tenía un contrato de renta antigua.
Los agentes supieron que entre la inquilina y el propietario de la casa existía un conflicto motivado por la vigencia de dicho contrato. Al parecer, la legítima moradora, cuando regresó al domicilio, se encontró con una puerta instalada especialmente para evitar las ocupaciones ilegales. Las primeras indagaciones vincularon estos hechos a una empresa de seguridad especializada en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente.
El dueño del inmueble manifestó que había contratado a una empresa mediadora en desalojos pero que, al llegar a la casa, halló a una persona distinta de la inquilina, una mujer que afirmó que la moradora presuntamente le había vendido las llaves de la vivienda diciéndole que era propiedad del banco.
El propietario, tras demostrarle que era el titular del piso, firmó un contrato privado en el que la presunta ‘okupa’ accedía de manera voluntaria al abandono del inmueble.
De las investigaciones llevadas a cabo se observaron similitudes entre este hecho ocurrido en Villajoyosa y otro en La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), sucedido en junio de 2021. En esta ocasión, entre la propietaria de la vivienda y la presunta okupa, que era la misma que en el inmueble de la localidad alicantina, también existía un documento privado que acordaba el abandono voluntario y ‘exprés’ del inmueble.
Idéntica situación se produjo en una vivienda de Sagunto (Valencia), en la que el allanamiento fue realizado por la misma mujer que formaba parte de las anteriores actuaciones objeto de la investigación.
La mujer que presuntamente ocupaba las viviendas, de 30 años y nacionalidad española, fue detenida en Arroyomolinos, mientras que los agentes arrestaron en Barcelona al dueño de la empresa investigada, un español de 36 años. Ambos quedaron posteriormente en libertad tras declarar en sede policial y las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Villajoyosa.