Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio que ha comenzado este martes contra ella derivado de su detención en 2014 junto a su expareja sentimental cuando supuestamente dirigía la distribución de 100 kilos de cocaína en España.
Vestida completamente de blanco, la reina de la coca se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional para enfrentarse a los 25 años de prisión que pide para ella la Fiscalía Antidroga por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
Ha sido la tercera, de los trece acusados que hay en total por estos hechos, en ser llamada a declarar ante el tribunal de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que la está juzgando tras varios aplazamientos desde enero de 2020, fecha en que fue señalado por primera vez.
Cameno, que se encuentra en libertad provisional, se ha limitado a anunciar que no iba a declarar y el presidente del tribunal, José Antonio Mora, le ha permitido entonces abandonar la sala, a lo que ella ha respondido que se iba a quedar y se ha despedido con un educado «gracias, buenos días».
Además de la pena de prisión, el fiscal pide para ella y para su expareja una multa «del cuádruplo del valor de la sustancia estupefaciente» y otra de 1,2 millones de euros por el blanqueo.
Este juicio ha sido aplazado en numerosas ocasiones, una de ellas por estar Cameno hospitalizada y la última fue este mismo lunes por la incomparecencia de un abogado y de la expareja de la principal acusada cuando fue detenida, José Ramón M.P.
Esto motivó que el tribunal decretase una orden de busca y captura e ingreso inmediato en prisión de este procesado, para el que el Ministerio Público solicita 21 años de cárcel por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
Junto a la reina de la coca se sientan desde este martes en el banquillo otros seis arrestados en Madrid, Cádiz, Alicante y Valladolid a raíz de la detención de Cameno, quienes se enfrentan a 13 años de cárcel.
También están acusadas otras cinco personas vinculadas al blanqueo del dinero obtenido con la venta de la droga, para los que se piden penas de 4 y 5 años.
Esta operación supuso la desarticulación de una red de narcotraficantes de la que Cameno era la cabecilla y que había montado una estructura para blanquear las ganancias en productos financieros y mediante transferencias a Panamá.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, la investigación se inició en 2013 tras detectar que Cameno, que ya había estado vinculada a distintas operaciones de narcotráfico, «continuaba desarrollando» este tipo de actividades.
«Mantenía contactos regulares tanto con suministradores como con los encargados del transporte», mientras que su pareja «se ocupaba de los pagos correspondientes a las ventas de esta sustancia, así como de los contactos con la red que garantizaría la ocultación» de las ganancias, expone el fiscal en su escrito.