Según informan a fuentes jurídicas, la acusada, Cristina B., una mujer española detenida en noviembre de 2020 en Cullera (Valencia), habría llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que reconocería los hechos y aceptaría cinco años de prisión, que deberá ratificar en su caso ante el tribunal en el juicio.
El ministerio público recoge en su escrito de acusación nueve envíos de dinero de entre 150 y 600 euros que sumaron un total de 2.860 euros entre el 23 de abril y el 2 de septiembre de 2020 efectuados a un supuesto intermediario, Faysal E.T., establecido en Turquía.
También menciona una transferencia bancaria por 1.800 euros el 1 de agosto de 2020 a otro destinatario diferente.
El fiscal sostiene que con estos envíos la acusada desarrollaba «de forma continuada labores de financiación en beneficio de terroristas establecidos en la zona de conflicto siria», incluido un «miembro del Dáesh que combate» en ese país, y añade que la encausada era consciente de su condición y objetivos.
Los envíos, según la tesis del ministerio público, que la acusa de un delito de financiación de organización terrorista, se daban mediante el sistema de transacciones internacionales Transferwise, e iban dirigidos a Turquía con destino final a Siria.
La Fiscalía cree que desde 2016 la acusada sufrió un «proceso de radicalización religiosa tras abrazar la fe musulmana» que le llevó «a posicionarse en las redes sociales con algunos mensajes de elogio o justificación de las acciones cometidas por miembros de organizaciones del terrorismo yihadista».
Su escrito recoge además diferentes imágenes y vídeos hallados en el dispositivo electrónico de la encausada en los que aparecen desde combatientes del Dáesh a mujeres empuñando fusiles de asalto propaganda de la citada organización terrorista, entre otro material. EFE
A.M.