Avanza así el caso conocido a principios de este año, cuanto la Policía culminó la denominada operación Sana con una treintena de detenidos, de los que ocho ingresaron en prisión.
Los agentes liberaron a diez jóvenes, cinco de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid, lo que propició que los grupos de la oposición en la Asamblea regional solicitaran una comisión de investigación y que se reprobara a la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Concepción Dancausa, aunque nada salió adelante.
Sí se llevará a cabo una auditoría, anunciada por el Gobierno regional, para analizar el funcionamiento del sistema de protección de menores en la Comunidad y tratar de mejorarlo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid comenzó en marzo la toma de declaración a las testigos protegidas -exploración en términos jurídicos- y practicó casi todas las ruedas de reconocimiento previstas, algunas de las cuales se retrasaron porque no había suficientes hombres que se pareciesen a los investigados.
Fuentes jurídicas han explicado a Efe que recientemente la magistrada ha dejado en libertad a una de las investigadas, Zora E., acusada de un delito de prostitución de menores, al considerar que ofrecía garantías de que no se comprometía la investigación y de que no se sustraería a la acción de la justicia.
Otras fuentes han precisado que en la decisión judicial ha pesado el «débil» relato de las víctimas, que en ocasiones no han dado detalles sobre lo ocurrido, alegando que no recordaban bien porque habían consumido droga y que se prostituían para conseguir los estupefacientes.
A la vista de las declaraciones y de las ruedas de reconocimiento los letrados de varios de los encarcelados tienen previsto pedir la libertad de sus defendidos o que se sobresea la causa sobre ellos, aseguran estas fuentes.
Los testimonios judiciales de las menores que son testigos protegidas han sido grabados y valdrán como prueba preconstituida de cara al juicio, de manera que las menores no tengan que declarar en la vista oral.
La menor que dio pie a la operación Sana relató al jueza, según informaron en su día fuentes presentes en la declaración, que los cabecillas del grupo la engancharon a la droga y ella se prostituía para conseguirla, de manera normalmente consentida, y cambió su versión inicial asegurando que su padre no la prostituía ni sabía que se drogaba.
Se trata de la joven que según la investigación policial ejercía la prostitución con el consentimiento de su padre, que llegó a venderla a uno de los cabecillas de la red, el Kalifa, por dos bolsas de cocaína, algo que el propio joven reconoció.
Es un testimonio parecido al de otra menor, la que dio un giro a la investigación policial, permitiendo a los agentes atar cabos, al escaparse y pedir ayuda en un estanco, relatando que había sido retenida y violada durante tres días en un local de la zona de Usera de Madrid que era regentado por una mujer.
Esta joven explicó a la magistrada que se prostituyó a cambio de drogas a propuesta de uno de los cabecillas de la red, y aseguró que el centro de la Comunidad de Madrid en el que residía sabía de su adicción pero no la ayudó a desintoxicarse. EFE