Esta es una de las principales conclusiones del informe que los fiscales Fernando Prieto Rivera y Rafael Escobar Jiménez han expuesto esta mañana en la vista pública que se celebra ante la Sala de lo Penal del Supremo para revisar la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política de los ERE.
Fernando Prieto ha denunciado que «todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo, la ayuda se concedía sin fiscalización, de que esa partida no era correcta ni adecuada».
Así, ni uno solo de los más de 200 expedientes que obran en la causa cumplieron uno solo de los requisitos sujetos a la subvención, ya que «no existió procedimiento ni expediente».
El fiscal ha relatado el recorrido de la ayudas: «no había ningún tipo de documentación, se limitaban a pagar, no había casi ni una sola resolución, no consta solicitud, no se aporta presupuesto desglosado, no se aporta declaración responsable, no se aporta memoria que acredite razones de interés social, no consta autorización de concesiones por parte del Consejo de Gobierno».
Como tampoco -ha continuado- había bases reguladoras de las ayudas ni publicidad, por lo que «era inviable que cualquier peticionario pudiera acceder a las ayudas» cuyos «expedientes no estaban en el sistema informático», sino que «estaban en un limbo».
Y aun así, ha continuado, «ninguno de los responsables de la Junta hizo caso a los informes adiciones de la Intervención» que dicen que «se ha prescindido del procedimiento» y que lo que detectan «no son irregularidades sino patentes ilegalidades».
«Todos eluden su responsabilidad y nadie hace nada» cuando «estos informes van a cuatro consejerías», ha dicho el fiscal, para quien «esto no es viable en una correcta administración» y lo peor es que «esto sucede durante 10 años».
Para el fiscal, «no puede ser que esto se reduzca a que no soy el responsable de la legalidad presupuestaria, necesariamente tenían que saber y eran conscientes de que se estaba presupuestando mal», al mismo tiempo que era «responsables de los gastos», ya que «no se puede permanecer inerte o pasivo cuando se produce la ejecución del gasto, todos son excusas tratando de eludir su responsabilidad».
Todo ello se ejecutó a partir de un sistema creado con las transferencias de financiación, aprobadas luego por el Parlamento e incluidas en la ley presupuestaria, de las que luego derivaban las ayudas directas en cuestión, que solo servía para equilibrar los resultados de ganancias/perdidas pero no para subvenciones, porque la normativa vigente ya tenía otro procedimiento reglado para ello.
«No hay norma que permita las transferencia de financiación para el pago de subvenciones, sino que está expresamente prohibido», ha dicho el fiscal señalando que «los responsables de Empleo y Economía sabían y eran conscientes que este sistema no era viable ni el adecuado para la concesión de las subvenciones».
En su opinión, «no existía justificación ni era necesaria una modificación presupuestaria para dar de baja la partida de concesiones y aumentar la de trasferencia de financiación», ya que «Empleo contaba con crédito suficiente en las partidas adecuadas», por eso si se modificó el sistema de concesiones de las ayudas fue «para evitar cualquier tipo de control». «Esa es la trampa»
Con este cambio «era imposible fiscalizar» los expedientes ya que «no existe procedimiento alguno» cuando se tratan de transferencias de financiación, es decir, «no fue fiscalizado un solo expediente porque se utilizó una partida inadecuada para las concesiones». EFE