Según ha informado a EFE la Asociación Laxshmi, para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, que está personada en la causa como acusación popular, se detectaron posibles rastros de sangre en la parte frontal y trasera del respaldo del asiento del copiloto en el Opel Corsa.
La ubicación de estos restos coincide con el relato de Ricart en una de sus declaraciones (la del 2 de marzo de 1993), cuando afirmó que Anglés golpeó a una de las víctimas mientras estaba sentada en la parte trasera del vehículo y, a juicio de esta acusación, «es el primer avance forense en el caso en casi 30 años».
En el marco de las nuevas pesquisas solicitadas por la Asociación Laxshmi y acordadas por la jueza instructora queda pendiente el análisis de los tapizados de los vehículos (de Ricart y Anglés) que se conservan en depósito judicial desde 1993, así como del ADN mitocondrial de pelos encontrados tanto en la reciente inspección de los coches como otros hallados en el escenario del crimen y en los restos de las víctimas.
En caso de que se pueda extraer ADN, estos y otros restos serán comparados con los de siete hombres que fueron considerados en su día sospechosos.
Tres de estas personas son hermanos de Antonio Anglés, uno es Miguel Ricart, único condenado por los crímenes, y los otros tres son amigos o conocidos de Anglés, compañeros de delincuencia en algún caso, o relacionados con la venta o el consumo de estupefacientes en otro.
Estas pruebas genéticas fueron solicitadas por el equipo del criminólogo Félix Ríos, personado en la causa como acusación popular a través de la Asociación Laxshmi en octubre de 2021.
El pasado 27 de enero se cumplieron 29 años del hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desirée, las tres chicas de Alcàsser de entre 14 y 15 años que habían desaparecido dos meses antes. Fueron dos apicultores quienes hallaron los cuerpos semienterrados en un paraje cercano al pantano de Tous denominado La Romana.
La sentencia dictada en septiembre de 1997 por la Audiencia de Valencia, y confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, dictó que «Miguel Ricart, en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del Tribunal (en referencia a Antonio Anglés), y posiblemente de alguna otra persona más», secuestraron a las tres adolescentes para satisfacer sus deseos sexuales.
Las víctimas fueron sometidas a violaciones y torturas extremas y al amanecer del día siguiente fueron ejecutadas y enterradas en una fosa que sus asesinos conocían, pues les había servido con anterioridad para ocultar una moto robada.
La investigación judicial sobre lo sucedido, de la que es responsable el citado juzgado de Alzira, está completamente agotada, aunque queda abierta una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés, uno de los prófugos más perseguidos de toda Europa.
Esta acusación popular defiende la utilización de las técnicas más modernas de análisis forense -la mayoría de las cuales no existía en los años 90 del siglo XX- para apuntalar la acusación contra Anglés y garantizar que podría ser procesado y condenado por estos hechos en caso de ser localizado. EFE