Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han interceptado un cargamento de 13.000 kilos de productos químicos en el Puerto de Barcelona. Estos productos, destinados a Rusia, formaban parte de un esquema ilícito de suministro, y han resultado en la detención de cuatro personas en diversas localidades de Cataluña.
Red de contrabando de productos químicos con fines ilícitos
La investigación se inició en 2022, en el marco de las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras el estallido del conflicto en Ucrania. Las autoridades detectaron una empresa vinculada a ciudadanos rusos que operaba en Cataluña, utilizando un entramado de triangulación comercial para enviar productos químicos a Rusia, burlando las restricciones internacionales. Estas sustancias, algunas de ellas posibles precursores de armas químicas, eran encubiertas mediante una serie de empresas pantalla en países como Armenia y Kirguistán, que servían para desviar la mercancía hacia su destino final en la Federación Rusa.
La empresa española que gestionaba estas exportaciones había establecido una filial en Moscú, que actuaba como receptora final de los productos. Las operaciones de este entramado habrían comenzado antes de la intensificación de las sanciones, pero continuaron bajo las restricciones, violando claramente las normativas del Reglamento Europeo sobre medidas restrictivas contra Rusia.
Productos prohibidos bajo sanciones internacionales
El tráfico de materiales de doble uso, que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares, ha sido uno de los focos de esta operación. Las sustancias incautadas, y las exportaciones previamente documentadas, están terminantemente prohibidas bajo las sanciones de la Unión Europea que buscan frenar la capacidad bélica de Rusia en el contexto de su invasión a Ucrania. Según las investigaciones, la empresa española habría estado utilizando su red para exportar estos productos de manera continua, lo que representa una violación directa de las leyes internacionales.
Operación conjunta y cooperación internacional
La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, en colaboración con varias brigadas provinciales de información y la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). La Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han trabajado estrechamente para desmantelar esta red. Ambas entidades tienen como misión investigar delitos de contrabando y tráfico ilícito de materiales de defensa, actuando dentro del marco de los embargos internacionales.
La Agencia Tributaria, a través de su Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, ha jugado un papel crucial en la fiscalización del comercio internacional, asegurando que las mercancías exportadas cumplan con las regulaciones comunitarias.
Investigación en curso
Las autoridades continúan con la investigación abierta para identificar y detener a otras personas involucradas en este esquema de contrabando. Las actividades de esta red han desafiado las sanciones internacionales y representan una amenaza directa a la seguridad internacional al facilitar el acceso de Rusia a materiales potencialmente peligrosos.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de materiales sensibles, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de control aduanero para evitar que productos prohibidos lleguen a destinos sujetos a sanciones.