En el marco de la operación “Salaria”, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la inmigración ilegal y a la explotación de trabajadores en situación irregular en España. Las autoridades han detenido a ocho personas, investigado a otras tres y liberado a 15 víctimas, que se encontraban retenidas en condiciones inhumanas en varias localidades de Jaén, Málaga y Murcia.
Una red de explotación laboral y falsedad documental
Entre las víctimas, todas de origen pakistaní, se encontraban personas retenidas en municipios como Jódar (7), Jaén (1), Cazorla (2), Villacarrillo (2) y Ronda (3). Estas personas vivían bajo el control absoluto de la organización, sin acceso a sus documentos personales y sometidas a condiciones laborales abusivas.
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Inicio de la investigación
La operación comenzó cuando los agentes detectaron un aumento inusual de establecimientos de comida rápida en la provincia de Jaén. En menos de un año, se habían abierto más de 20 locales con escasa o nula actividad comercial. Las primeras investigaciones revelaron que estos negocios empleaban a personas en situación irregular, lo que despertó las sospechas de la Guardia Civil.
La estructura de la organización en operación Salaria
La red estaba liderada por tres individuos de origen pakistaní, propietarios de las empresas y responsables de dirigir y coordinar todas las actividades delictivas. Un segundo nivel de colaboradores, también de origen pakistaní, se encargaba de controlar y trasladar a los trabajadores entre diferentes establecimientos y viviendas. Algunos de ellos actuaban como testaferros, figurando como titulares de los locales comerciales para dificultar la vinculación directa con los líderes de la trama.
Entre los detenidos, figura un ciudadano español que presuntamente proporcionaba cobertura legal a la organización, gestionando expedientes para intentar regularizar la situación de los inmigrantes explotados.
Condiciones de las víctimas
Los trabajadores, captados con la promesa de obtener documentación legal en España, eran sometidos a jornadas laborales abusivas, sin contrato ni contraprestaciones económicas. Vivían en viviendas en condiciones deplorables, sin las mínimas garantías higiénicas ni sanitarias. En algunos casos, las víctimas eran alojadas directamente en los establecimientos donde trabajaban.
La organización retenía los documentos personales de los empleados, limitando su libertad de movimiento, y los sometía a un control constante. Además, les cobraban sumas de dinero por la supuesta regularización de su situación, pero sin ofrecerles garantías reales de cumplimiento.
Resultados de la operación
Durante la operación, la Guardia Civil llevó a cabo 19 registros en inmuebles vinculados a la organización, incluidos domicilios de los dirigentes, locales comerciales y viviendas utilizadas para retener a las víctimas. En estos registros se incautó una gran cantidad de documentación falsa, utilizada para empadronamientos, contratos de alquiler y compraventa de inmuebles fraudulentos.
La financiación de la organización provenía de las cantidades que las víctimas abonaban para obtener documentación, a cambio de ser sometidas a condiciones de explotación.
Un paso más en la lucha contra la trata de personas
La operación “Salaria”, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jaén, representa un nuevo avance en la lucha contra las redes de inmigración ilegal y explotación laboral en España. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las personas en situación de vulnerabilidad, así como de perseguir de manera contundente a quienes se lucran a costa de los derechos humanos.
Con el desmantelamiento de esta red, las víctimas han sido liberadas y se enfrentan ahora al desafío de reconstruir sus vidas lejos de los abusos y la explotación.