La operación ‘Leocatcyl’, desarrollada por el Seprona, ha revelado graves irregularidades en la manipulación de los gases contenidos en los circuitos de aire acondicionado de vehículos destinados a desguaces en Castilla y León. Durante la investigación, que ha abarcado las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, se han inspeccionado 84 centros de tratamiento de vehículos (CATs), detectando un total de 36 infracciones administrativas y la posible comisión de delitos contra el medio ambiente. A terminado con un total de 23 personas imputadas por la liberación ilegal de estos compuestos a la atmósfera.
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El foco de la operación ha estado en la gestión de los gases fluorados, considerados residuos peligrosos debido a su alto potencial de efecto invernadero. Estos compuestos deben ser extraídos de manera controlada y entregados a gestores autorizados, ya que su liberación directa a la atmósfera puede tener efectos perjudiciales durante décadas o incluso siglos.
Origen de la investigación en desguaces
Las inspecciones comenzaron en 2023 tras detectarse en la provincia de León que varios desguaces no estaban recuperando correctamente estos gases, lo que llevó a ampliar la investigación al resto de la comunidad autónoma. La Guardia Civil ha señalado que, además de su impacto climático, algunos de estos gases pueden ser tóxicos para la salud humana, provocando irritaciones en ojos, piel y vías respiratorias. Asimismo, en determinadas condiciones, pueden ser inflamables y explosivos, lo que añade un riesgo adicional si no se manejan correctamente.
Obligaciones legales y control de residuos
La legislación vigente exige que los gases fluorados sean reutilizados siempre que sea posible, mediante un proceso de extracción controlado y almacenamiento en botellas homologadas. Además, los centros de tratamiento deben informar a las autoridades competentes sobre las cantidades recuperadas y su destino final.
La Guardia Civil ha subrayado que estas acciones no solo buscan evitar daños ambientales, sino también prevenir riesgos para la salud pública. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en otros puntos del país para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental.