La Guardia Civil ha identificado a una mujer como presunta autora de un delito continuado contra la salud pública. Se le acusa de haber intoxicado intencionadamente a ocho personas entre 2020 y 2025 en un establecimiento de la localidad oscense de Zaidín. La investigación, bautizada como operación «Toxdin», se inició el pasado mes de enero tras varias denuncias de afectados.
Un patrón que se repite desde 2020
Todo empezó cuando tres personas denunciaron haber sufrido una intoxicación tras tomar café en un bar de la comarca del Bajo Cinca. Tras las movilizaciones de las autoridades y realizar las pruebas analíticas pertinentes, los resultados revelaron la presencia de benzodiacepinas, un fármaco con efectos sedantes que puede alterar gravemente las capacidades cognitivas de quien lo consume sin prescripción médica.
La sorpresa llegó cuando los agentes descubrieron que ya en 2020 se había producido un caso similar, con un resultado positivo en la misma sustancia. Esto permitió establecer un patrón común entre los afectados: todos habían trabajado en Zaidín entre 2020 y 2021 y frecuentaban el mismo establecimiento. Además, en todos los casos la intoxicación se produjo tras ingerir una bebida en el local regentado por la investigada.
Un peligro real para la seguridad de las víctimas
Las consecuencias de estas intoxicaciones no se limitaron a malestares pasajeros. Uno de los afectados sufrió un accidente de tráfico tras ver alteradas sus capacidades psicofísicas, lo que pone de manifiesto la gravedad de los hechos. En total, ocho personas vieron comprometida su salud e integridad física a lo largo de los últimos cinco años.
Lo más inquietante del caso es que no existía una motivación aparente para la selección de las víctimas. Según la investigación, la acusada también consumía este medicamento con receta médica, pero su decisión de suministrarlo a terceros parece haber sido completamente aleatoria.
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Medidas cautelares y procedimiento judicial para la mujer
La operación «Toxdin» ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Fraga. Tras la recopilación de pruebas y el testimonio de las víctimas, las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Fraga. Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial ha decretado la suspensión del ejercicio de su profesión y la imposibilidad de regentar un establecimiento de hostelería mientras continúa el proceso judicial.
Los vecinos están impactados, no dan crédito a lo ocurrido. A la espera de un juicio que determine su responsabilidad, la investigada se enfrenta a graves consecuencias penales por estos presuntos delitos contra la salud pública.