La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la comisionada presidencial de Rusia para los Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por crímenes cometidos durante la guerra de Ucrania.
Las órdenes de arresto se emitieron bajo sospecha de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de personas del territorio de Ucrania a la Federación Rusa.
Estas órdenes de arresto suponen los primeros cargos internacionales presentados desde el inicio del conflicto, tras meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
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En realidad, hay pocas probabilidades de que el TPI juzgue a Putin, en primer lugar porque la corte no puede atender casos ‘in absentia’ del acusado, y porque Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma, que sirve de cimiento legal para el tribunal.
Además, el Kremlin ha reiterado en muchas ocasiones que no tiene ninguna intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte.
Orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova
La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional indica que «el señor Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8.2.a.vii y 8.2.b.viii del Estatuto de Roma). Los crímenes se habrían cometido en territorio ocupado por Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (artículo 28(b) del Estatuto de Roma)».
Rusia responde a la orden de arresto
Rusia ha respondido que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene «ningún significado». «Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles órdenes de arresto son legalmente nulas para nosotros», ha señalado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, en su canal de Telegram.
Aunque es poco probable que Putin sea juzgado por la corte, las órdenes de arresto pueden contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, particularmente el de la deportación infantil forzada, que todavía continúa.
La respuesta de Rusia a la orden de arresto indica que el país no tiene intención de cooperar con la corte, lo que limita la capacidad del TPI para hacer cumplir sus decisiones.