Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), contempladas en la Ley de Cambio Climático para mejorar la calidad del aire urbano, son además una herramienta para hacer frente a los altos niveles de ruido urbano, con exposiciones diarias prolongadas a más de 55 decibelios.
La protección frente a este problema está contemplada en ordenanzas nacionales, autonómicas y locales: de hecho la Ley del Ruido 37/2003 crea la figura de Zona de Protección Acústica Especial en aquellas «áreas en las que se incumplan los objetivos aplicables de calidad acústica».
No obstante, «en la práctica, suele suceder que estas áreas no se revisan con la seriedad que se debería, ni se controlan, ni se inspeccionan, ni se reduce la contaminación acústica», ha lamentado a EFE la presidenta de la Asociación de Juristas contra el Ruido, Yomara García.
Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de Concienciación sobre el Ruido, García apoya la creación de ZBE para contribuir a la protección acústica de la ciudadanía ya que el tráfico rodado es uno de los principales causantes de ruido, «siempre que no ocurra lo mismo que con las Zonas de Protección Acústica Especial» y la norma quede sin actuación real ya que, de ser así, «no servirían de mucho».
Otro experto que apoya esta medida es el presidente de la Sociedad Española de Acústica, Antonio Pedrero, quien está convencido de la utilidad de las ZBE, si bien ha insistido en que los objetivos de calidad acústica que persiguen «son muy antiguos», ya que respecto a este asunto «actualmente la Organización Mundial de la Salud es mucho más estricta».
El pasado 21 de abril, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó el borrador del proyecto de real decreto para la creación de Zonas de Bajas Emisiones, cuyo artículo 9 contempla los requerimientos en materia de ruido y advierte de que los objetivos de calidad serán «más restrictivos que los aplicables a las áreas acústicas correspondientes» y además podrán incorporar adicionalmente «nuevas zonas tranquilas».
De acuerdo con el informe ‘Ruido Ambiental en Europa’, publicado en 2020 por la Agencia Europea del Medio Ambiente, «el número de personas expuestas al ruido del tráfico rodado supera con creces a aquellas expuestas a ruidos de ferrocarril, aviación e industria», en especial en las ciudades.
Según sus datos, al menos el 20 % de la población europea vive en zonas donde el ruido del tráfico es dañino para la salud: «Se estima que aproximadamente 82 millones de personas se ven afectadas por niveles de ruido asociados al tráfico rodado de al menos 55 decibelios».
Antonio Pedrero ha explicado que este ruido asociado al tránsito depende de varios factores, como la calidad del parque de vehículos, el tipo de pavimento y la actitud individual de los conductores.
Por ello es preciso adoptar «medidas de remodelación de tráfico y de remodelación urbana, de mejora de los pavimentos, de reducción de la velocidad o de cambio del parque de automóviles a otros más silenciosos» para poder superar esta situación.
En el caso de los vehículos eléctricos, estos «tienen unas emisiones sonoras muy inferiores debido al motor, pero esa reducción solo es efectiva para bajas velocidades» puesto que, a más de 40 kilómetros por hora, la principal fuente de ruido del vehículo pasa a ser el sonido de su rodadura y, por encima de los 80, el ruido aerodinámico.
Yomara García también ha añadido que, a pesar de que el tráfico sea la mayor fuente de ruido en ciudad, «sus habitantes lo han normalizado» y prueba de ello es que la mayor parte de las reclamaciones que llegan a la asociación que preside «tienen que ver con otro tipo de contaminantes acústicos, como el ocio nocturno o las terrazas».
El Defensor del Pueblo recuerda en su ultimo informe que el ruido es una forma importante de contaminación y repercute en la salud y en una baja calidad de vida, y que todos los años se reciben quejas ciudadanas por ruidos en sus viviendas, producidos por obras, comercios, actividades y establecimientos, y sobre todo por las actividades de hostelería.
El Defensor del Pueblo insiste en el informe en que las administraciones deben actuar para corregirlo.