El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está investigando a las principales plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas sin licencia.
La investigación llega tras las sospechas de las autoridades municipales y autonómicas de que habría muchos pisos turísticos funcionan sin la licencia correspondiente.
Consumo ya le ha enviado una petición de información a Airbnb y otras plataformas similares ante la sospecha de que se anuncian muchas viviendas que no tienen licencia. La intención del ministerio que dirige Pablo Bustinduy es obtener información y, de confirmarse, esta práctica está sancionada con hasta 100.000€ en la ley de consumidores.
Con la información recabada, Consumo podría abrir expedientes sancionadores si se confirman los hechos, que se consideran prácticas desleales según el artículo 47 de la ley de consumidores y usuarios.
Además, la multa de 100.000€ podría ser más elevada en función del tipo de infracción. Es más, podría alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio lícito obtenido.